Plan Constituyente y Contrarrevolucionario de la Nación

H. CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Atención: Diputados Federales y Senadores de la República.

Presente.

 

A su consideración el siguiente:

 

PLAN CONSTITUYENTE Y CONTRARREVOLUCIONARIO DE LA NACIÓN

 

PREÁMBULO:

 

 

Este plan tiene como misión constitucional el cumplimiento de los términos establecidos en el artículo 128 de la Constitución de 1857, para oponerse legítimamente a los procesos de los gobiernos emanados de las rebeliones y contrarios a dicha constitución, así como a los que han cooperado a estas, para intentar revertir sus resultados en los términos establecidos por ella misma.

 

En su carácter de representante (s) popular (es) se le (s) recomienda en la medida de lo posible evitar jurar la constitución bastarda de 1917, con el objetivo de no caer en el supuesto de la acusación pública relativa a la cooperación con los gobiernos emanados de las rebeliones, y en su lugar mejor jurar solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución legítima de 1857.

 

Durante el pasado proceso comicial de 2018 el pueblo mexicano ha dado el primer paso que corresponde a esta misión establecida en el artículo 128 constitucional y que consiste en recobrar su libertad, ahora corresponde a Usted (es) hacer los que manda como Ley Suprema la Constitución legítima de 1857.

 

 

 

PETICIONES:

 

 

1ª.- Restablece la observancia de la Constitución legítima y aún vigente de 1857, lo anterior con base legal en el artículo 128 de dicha constitución.

 

2ª.- Impulsar la presente Iniciativa de Reforma Constitucional para Modificar la Forma del Sistema Político de Gobierno en los Estados Unidos Mexicanos, substituyéndola por otra más altamente democrática llamada DEMARQUÍA, lo anterior con sustento en el artículo 39 de la Constitución de 1857.

 

3ª.- Excitativa de justicia para hacer efectivos la ACUSACIÓN PUBLICA dispuesta en todos y cada uno de los términos del artículo 128 de la Constitución de 1857.

 

4ª.- Deslindarse de cualquier sometimiento de su voluntad al partido político que lo patrocinó durante el proceso electoral federales pasado, garantizando al pueblo en general su plena lealtad, independencia y autonomía en la toma de decisiones del tema que se le planteará, teniendo en cuenta como ejemplo la sentencia 10/1983 por la que a los partidos políticos se les prohíbe tener secuestrada la voluntad de los representantes populares: Tribunal Constitucional Español 21 de febrero de 1983, que en su parte conducente resuelve lo siguiente: “Se impide a los partidos invadir la autonomía propia de los representantes del pueblo en los órganos parlamentarios, sin importar que hayan sido sus promotores, pues la investidura popular recae sobre los candidatos, no sobre los partidos que los presentan y éstos no puede privar o sustituir a los electores de su mandato”.

 

5ª.- Le (s) invito a hacer suyo este mi escrito para someterlo a estudio y posterior aprobación de la soberanía del Congreso de la Unión en sus dos cámaras, la presente solicitud de INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL y de EXCITATIVA DE JUSTICIA, procediendo desde luego en su carácter de representante popular a darles el seguimiento en todas y cada una de sus respectivas etapas de gestión.

 

6ª.- Lo (s) emplazo para que durante del tiempo del periodo de su mandato, desagravie (n) a la nación mexicana atendiendo con responsabilidad lo que aquí se le (s) está solicitando.

 

 

DERECHOS DE AUTOR:

 

 

Ley Federal de Derechos de Autor: Artículo 5.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. “D. R”., © José Alfredo Loredo Zárate, San Luis Potosí. S.L.P.

 

Este documento contiene un trabajo de análisis e investigación original creativa propia, su conocimiento público no implica transferencia o cesión alguna de la propiedad intelectual, pues previamente fue registrado como plataforma política en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEEPAC de San Luis Potosí.

 

 

SUSTENTO LEGAL DE LAS PETICIONES:

 

 

PRIMERO: El INTERÉS LEGITIMO que respalda esta petición se encuentra dispuesto en el artículo 31 fracción 1 de la Constitución legítima y aún vigente de 1857 que dice:

 

Artículo 31.- Es obligación de todo mexicano: Fracción 1: Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria.

 

SEGUNDO: El INTERÉS JURÍDICO que sustenta el fondo de esta iniciativa tiene su fundamento legal en el 39 de la Constitución de 1857, que a la letra dice:

 

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

 

TERCERO: El DERECHO DE PETICIÓN se sustenta en el artículo 8 constitucional que establece lo siguiente:

 

Artículo 8.- Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario.

 

 

CAPÍTULO I

 

OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES

 

 

OBJETIVOS GENERALES

 

 

a.- Recobrar la libertad del pueblo mexicano;

b.- Restablecer la observancia de la Constitución legítima de 1857;

c.- Restablece la legalidad en medio de la anarquía;

d.- Organiza el procedimiento que tienda a desaparecer a los gobiernos usurpadores del poder, surgidos de las rebeliones y contrarios a la constitución de 1857;

e.- Expedir la convocatoria constituyente de la que nazcan otra vez gobiernos legítimos; y,

f.- Reanuda la tradición de legitimidad en los nuevos gobiernos.

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES:

 

 

A.- La obtención de un DECRETO que disponga restablecer la observancia de la Constitución legítima y aún vigente de 1857.

 

B.- El impulso de una INICIATIVA LEGISLATIVA para establecer en el artículo 35 constitucional respecto de los derechos de los ciudadanos la DEROGACIÓN del término “poder ser votado” que será substituido por el término “poder ser electo por sorteo”.

 

C.- INICIATIVA LEGISLATIVA para ABROGAR en su totalidad los contenidos de los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal actual (1917).

 

D.- INICIATIVA LEGISLATIVA para CONFIGURAR en los artículos 40 y 41 previamente abrogados, la edición de un nuevo modelo, sistema o forma de gobierno considerada la más altamente democrática que lleva por nombre “DEMARQUÍA”.

 

E.- EXCITATIVA DE JUSTICIA para que, con fundamento en el artículo 128 de la Constitución legítima de 1857, se servirá (n) Usted (es) diligenciar en sus términos la ACUSACIÓN PUBLICA PROVENIENTE DE UNA LEY SUPREMA como es la Constitución legítima de 1857, encaminada a que: “Con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta”.

 

CAPÍTULO II

 

ANTECEDENTES

 

 

PRIMERO. – El 26 de octubre de 1876 fue legal la declaratoria de validez del Congreso de la Unión, misma que resuelve que por haber obtenido la mayoría de votos en la elección de 9 de julio del mismo año, declara presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a Sebastián Lerdo de Tejada. Lo anterior en razón de que tal declaratoria se ajusta correctamente al artículo 60 de la Constitución de 1857.

 

SEGUNDO. – En el año 1876 sin respetar lo dispuesto en los artículos 9, 17, 126, 127 y 128 de la Constitución legítima y aún vigente de 1857, un general del ejército llamado Porfirio Díaz que fungía como servidor público encargado de la defensa del país, se rebeló y usando la violencia y la fuerza de las armas puestas bajo su resguardo, estableció un gobierno contrario a los principios que la constitución y se apoderó arbitrariamente de las funciones del Estado.

 

TERCERO. – En el año 1910 contraviniendo los artículos antes citados y a la Doctrina Tobar Internacional, se sucedieron otras rebeliones armadas encabezadas por Madero, Huerta, Carranza, Calles, y otros, prevaleciendo la misma situación de ilegalidad, olvidando restablecer la vigencia de la constitución legítima y enjuiciar a los responsables.

 

CUARTO.- En el año 1917 los rebeldes armados sin tener derecho a reunirse y deliberar convocaron a un ilegal “Congreso Constituyente” en un teatro de la ciudad de Querétaro, y de sus conversaciones resultó la creación de un documento al que llaman “constitución de 1917”, con el que hasta hoy en día nos mantienen sometidos, algo semejante a un secuestro a gran escala, donde solo podemos invocar las reglas impuestas por los secuestradores,  existiendo así dos constituciones en una misma época.

 

QUINTO.- Si una autoridad es ilegal entonces no es autoridad y no goza de mandato constitucional, luego; ante la usurpación violenta del poder por los rebeldes golpistas y revolucionarios las preguntas a responder son: ¿Quién restablece la legalidad en medio de la anarquía?; ¿Quién organiza el procedimiento que tienda a desaparecer a los gobiernos surgidos de las rebeliones y contrarios a la constitución de 1857?; ¿Quién expide la convocatoria de la que nazca otra vez un gobierno legítimo?; ¿Quién reanuda la tradición de legitimidad en el nuevo gobierno?

 

SEXTO. – Con base en el artículo 31- I de la Constitución legítima de 1857, los mexicanos tienen la obligación de: “velar por la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria.” Una de esas obligaciones es cumplir con la misión constitucional establecida en el artículo 128 de la Constitución legítima de 1857 que establece la realización de las tres acciones siguientes: 1.- Recobrar la libertad del pueblo; 2.- Restablecer el orden constitucional de la República; y, 3.- Juzgar conforme a las leyes, a los que hubiesen figurado y cooperado en los gobiernos emanados de las rebeliones.

 

SÉPTIMO.- Por lo que toca al artículo 39 constitucional la actual forma del “sistema del régimen democrático” encontramos que en verdad los procesos electorales no cumplen la exigencia de la fórmula matemática de la voluntad de la mayoría, que consiste en la obtención de la mitad más uno de votos del total de electores inscritos en el padrón electoral, en contraposición bajo el rigor de la constitución particular de los militares rebeldes y los revolucionarios nos impusieron un método o modalidad invalida llamada de: “mayoría relativa y representación proporcional”.

 

OCTAVO. – Con respecto a los artículos 41 de ambas constituciones (1857 y 1917) en que se sustenta el llamado “sistema de régimen de partidos” hemos podido comprobar que su objetivo verdadero consiste en mantener al pueblo dividido, segmentado y polarizado en grupos discordantes, circunstancia que solo nos ha llevado la ruina y al fracaso.

 

 

CAPÍTULO III

 

RESULTADOS

 

 

I: Fue ilegal e invalido por estar en contra del artículo 128 de la Constitución legítima de 1857, el llamado “Plan de Salamanca” y el reemplazo del poder ejecutivo que como presidente interino de la República hiciera el presidente de la Suprema Corte Don José María Iglesias, del 26 de octubre al 28 de noviembre de 1876, hecho que atentó contra el artículo 82 de la Constitución de 1857, puesto que si fuera el caso que Sebastián Lerdo de Tejada (presidente electo) presuntamente no pudiera estar presto a tomar el cargo a la fecha del 1º de Diciembre, tal fecha aún no había llegado; además, de conformidad con los artículos 5, 6 y 117 de la Carta Fundamental, el entonces presidente de la Suprema Corte José María Iglesias, no estaba autorizado para decidir sobre cuestiones políticas, tampoco podía calificar la legitimidad de la resolución electoral emitida por el poder legislativo, ni invadir la soberanía de los Estados, ocupando las funciones del Poder Ejecutivo, pues con tan flagrante violación al artículo 16 de dicha ley, omitió entender la diferencia substancial entre lo judicial y lo político, e indebidamente se sintió facultado para explorar la legalidad de las autoridades, rebasando el contenido de los artículos 109 y 116 del citado documento.

 

II: Fueron ilegales e inválidos por estar en contra del artículo 128 de la Constitución legítima de 1857, los llamados “Plan de Tuxtepec” y “Plan de Palo Blanco” que reforma al “Plan de Tuxtepec”, emitidos por el rebelde militar golpista General Don Porfirio Díaz, lo mismo que el “Plan de la Noria”, por el que se desconoce al presidente Benito Juárez y se derroca con un golpe de Estado a los poderes constituidos y representados por el presidente electo Sebastián Lerdo de Tejada.

 

III: Fue ilegal e inválido por estar en contra del artículo 128 de la Constitución legítima de 1857, el llamado “Plan de San Luis” del año 1910 por el que Francisco Madero convoca a una rebelión con el uso de la violencia y de las armas contra el General Porfirio Díaz, también fue ilegal e invalido el “Plan de la Ciudadela” para el asesinato de Madero y gestar una rebelión militar, de igual forma ilegal e invalido el “Plan de Guadalupe”  por el que da inicio otra rebelión para derrocar al General Victoriano Huerta, la misma suerte de ilegal e invalido fue el “Plan de Agua Prieta”, para derrocar a Venustiano Carranza, igualmente ilegal e invalido fue la “declaratoria de fecha 10 de octubre de 1913”, por la que determina la disolución del Congreso de la Unión vigente en ese momento.

 

De la misma forma resultaron contrarios a la ley e inválidos por estar en contra del artículo 128 de la Constitución legítima de 1857, el decreto de fecha 2 de febrero de 1916, por el que el Jefe de las fuerzas rebeldes Venustiano Carranza cambió la residencia de los poderes federales al teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, así como “el Decreto número 34 de fecha 27 de abril de 1917” por el que publica y erige como constituido en colegio electoral al espuria, reunión de rebeldes armados que contrario al artículo 9 constitucional se sintieron autorizados para deliberar en el teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, que no fue más que una engañosa obra de teatro de falso significado. En el año 1917 también fue ilegal el pretendido “congreso constituyente de 1917”, celebrado en el teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, así como las facultades que los supuestos congresistas dijeron tener, pues tales poderes legalmente nunca pudieron recaer en personas que ostentaban una situación de rebeldes delincuentes insurrectos, los mismos sobre quienes recaía la acusación pública establecida en el artículo 128 de la constitución legítima y aún vigente de 1857.

 

Es claro que fue ilegal la pretendida “iniciativa de reforma a la Constitución de 1857”, suscrita por el rebelde revolucionario Don  Venustiano Carranza presentada el 1º de diciembre de 1916; indebida fue también la aprobación de la iniciativa de reforma del 31 de enero de 1917, por la que se pretende reformar la Constitución legítima y aún vigente de 1857; e infundado el Decreto Transitorio de la pretendida Constitución de 1917, por el que se dice que comienza a regir a partir del primero de mayo de ese mismo año; fue ilegal también el decreto revolucionario de convocatoria de fecha 19 de septiembre de 1916, expedido por Carranza Jefe de las fuerzas rebeldes revolucionarias, así como las modificaciones al decreto de 12 de diciembre de 1914 dado por los facciosos en la ciudad de Veracruz, que responde a las adiciones hechas al “Plan de San Luis” el 26 de marzo de 1913, de la suma de los cuales se tiene por expedida el 5 de febrero de 1917 la espuria y falsa carta constitucional de 1917.

 

 

CAPÍTULO IV

 

DEL PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD CONSTITUCIONAL:

 

 

Constitución de 1857: Titulo VIII, De la inviolabilidad constitucional establecida en el artículo 128 de la Carta Fundamental: Artículo 128. Esta constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por algún trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y, con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubiera expedido, serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, con lo que hubieran cooperado a esta”.

 

Existen además dos artículos constitucionales que hay que considerar: 1.- El artículo 9 constitucional que determina lo siguiente: “una reunión armada no tiene derecho a deliberar” este es el caso del pretendido congreso constituyente de Querétaro; y, 2.- La del artículo 17 de la constitución que establece: “Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho”.

 

El derecho a una rebelión civil o a un golpe militar no existe pues, no están contenidos dentro de la legislación de ningún país, puesto que no son formas legítimas para ocuparte de las tareas de los poderes del Estado, ya que existen previamente establecidos los medios idóneos adecuados que ofrecen la posibilidad legal de hacerlo bajo determinada reglamentación, de lo contrario se estarían cometiendo actos delictivos.

 

Sobre los delitos políticos la Jurisprudencia de la Corte dice lo siguiente: “El derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y el de alterar o modificar la forma de su gobierno; (artículos 9 y 39 Constitucionales) no pueden ni deben entenderse sino dentro del marco de la legalidad, o sea que pueden organizarse grupos de las más diversas ideologías siempre y cuando su actuación la realicen dentro de las normas fijadas por el sistema jurídico que nos rige, sin emplear la violencia ni atentar contra el orden establecido, porque en el momento en que los integrantes de un grupo al amparo de esas garantías actúan en contravención a los principios de la Constitución, se hacen acreedores a las sanciones que corresponden a la ilicitud de su conducta, entonces, la finalidad de esa conducta tendrá que encuadrarse forzosa y necesariamente dentro de la legalidad, o sea la obtención del poder a través del proceso que señalan las leyes”. Fuente: Séptima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 48 Segunda Parte. Página: 49.

 

Los actos de una rebelión militar o civil no engendran efectos jurídicos válidos, es decir, no tienen eficacia, tampoco se puede ni debe romper el derecho para imponer los propios puntos de vista de los rebeldes amotinados, engendrados al amparo de su excitación política o de la venganza contra los antiguos tenedores del poder. Las rebeliones militares y las revoluciones civiles sólo pueden tener un fundamento moral o histórico, pero nunca jurídico, es decir; el derecho a la conspiración, al amotinamiento militar o a la revolución civil no existe por estar en contra del artículo 128 de la Constitución legítima de 1857. Jamás ha existido un “derecho de rebelión”, luego, a la luz de la ley no tienen validez ni eficacia jurídica los planes, acuerdos, decretos, reformas, o determinaciones que los insurrectos hayan impuesto, ni sus disposiciones tienen el carácter de fuerza obligatoria, debido a que el procedimiento para renovar los poderes públicos estaba previamente reglamentado en el artículo 81 de la misma Constitución de 1857, que consistía en la celebración de elecciones extraordinarias.

 

Jurídicamente el derecho a un golpe de Estado o a una revolución no existe, pues éstos no están contemplados como tal dentro del derecho positivo, esto significa que ninguna ley de ningún país jamás han reconocido el derecho a la rebelión o al amotinamiento armado, porque en sus reglas jurídicas constitucionales existen los medios idóneos adecuados que ofrecen la posibilidad legal de una reforma del orden político. Una revolución que necesariamente está asociada con un desorden público, no está permitida en las leyes de una sociedad civilizada.

 

La Jurisprudencia vigente establece por ejemplo que: “La usurpación de Victoriano Huerta rompió el molde de la Constitución de 1857, ésta prácticamente quedó en suspenso, y sin aplicación en parte; pero no hubo ley alguna que la derogara expresamente y, por el contrario la Revolución reconoció su vigencia, por lo cual durante el periodo al que se ha dado el nombre de pre-constitucional; la Constitución de 1857 existió como ley, por más que la observancia de muchos de  sus preceptos quedara en suspenso por imposibilidad física o por incompatibilidad absoluta”. 810743… Fuente: Pleno. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Página 571.

 

El intento de reformar la Constitución legítima de 1857 era prácticamente imposible y de efectos nulos pues, tal procedimiento estaba blindado por las barreras infranqueables del artículo 127 de la misma constitución; si bien pudieron abarcarse una serie de puntos pero nunca el relativo a la titularidad del ejercicio de los poderes del Estado, es decir, para que una modificación constitucional pueda ser considerada como reforma legal y válida, y no como otro tipo de alteración diverso, era necesario también que se rescatara la titularidad del supremo poder originario, aquel poder primitivo consagrado como legítimo que solo correspondía a la titularidad de quienes lo ejercían con el respaldo del sufragio electoral del pueblo mexicano.

 

La intensión de los rebeldes revolucionarios de erigirse en supuesta “asamblea constituyente” reunidos en Querétaro en 1917 no fue tal, pues según el experto en derecho como el maestro Luis Recasens Siches, establece que: “……no toda substitución en el poder o reforma a la constitución representa una producción originaria del derecho, ni por tanto inaugura un nuevo sistema jurídico, ni tampoco determina una solución de continuidad respecto del orden anterior. Una constitución puede ser modificada o substituida normalmente y legalmente, es decir, siguiendo para ello el procedimiento de reforma prevenido de modo explícito o tácito en la constitución anterior, esto es, en la que se modifica o reemplaza; y entonces en modo se rompe la continuidad de la vida jurídica estatal, puesto que al anterior cimiento constitucional se superpone otro nuevo engarzado con él, fundado en él; de suerte que la validez de la nueva constitución no representa algo primitivo, no es algo radicalmente original, no es algo de nueva planta, sino que se deriva de la validez de la constitución precedente, la cual sirve de fundamento a la nueva. Al no haber tales elementos de legitimidad, lo hecho en cuanto a las pretendidas reformas a la constitución de 1857, no fue tal, pues negado el fundamento de su competencia legal, constituyó un nuevo sistema jurídico, sin conexión con el anterior; lo que representaría una ruptura total del orden jurídico precedente, aún en el caso de que tales cambios se hubiesen sucedido en forma pacífica”.

 

Los facinerosos revolucionarios como Díaz, Madero, Huerta, Carranza, Calles, Obregón y los otros que se han sucedido hasta la fecha en los gobiernos contrarios a la Constitución legítima de 1857, no pudieron ni podrán fundar su legitimidad en dicha Constitución  quedando vedados del derecho a la titularidad del poder constituido, así, perdida la continuidad que era lo esencial en el anterior, y en el caso que nos ocupa, resulta harto, claro y notorio que el órgano o poder ficticio llamado “constituyente” que intentó inútilmente reformar la Constitución de 1857, no estaba autorizado según dicha Carta, en virtud de que ésta no les confería competencia ni mandato constitucional para ello por no tener la titularidad del poder o de los poderes constituidos legítimamente, y que solo confiere el pueblo por la vía de los procesos de elección, aquellos previamente regulados por ella misma y no por la vía de la imposición en el mando, al amparo de la fuerza de las armas y de la violencia expresamente prohibida por la ley, además, los 218 impostores del pretendido congreso constituyente de Querétaro en 1917, no estaban en posibilidad legal de representar a nadie, en razón de que el derecho para alterar y modificar la forma de gobierno a que se refiere el artículo 39 constitucional es “inalienable”, por consecuencia, intransferible, y no pudo pasar válidamente al dominio de un tercero llamado “representante”, intermediario o mandatario, pues tal prerrogativa no puede apartarse, separarse o alejarse de cada uno de sus titulares que son cada individuo mexicano, es decir, la facultad para alterar o modificar la forma de gobierno es tan personalísima que no admite de apoderados o intermediarios.

 

 

CAPÍTULO V

 

DE LA ACUSACIÓN PÚBLICA CONTRA LOS GOBIERNOS CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN SUPREMA EN EL ARTÍCULO 128 DE LA CARTA FUNDAMENTAL DE 1857:

 

 

Al existir la acusación pública de una ley suprema en el artículo 128 de la constitución legítima de 1857, es obvio que los derechos político electorales de los jefes de los rebeldes como Díaz, Madero, Huerta, Carranza, etc., estaban afectados, por lo tanto, en su calidad de “presunto delincuente” según el Código Penal, no podía tener sus derechos políticos a salvo para ocuparse de las tareas de gobierno, lo cual les originaba como consecuencia su mayor impedimento legal para ser electo según lo establece el artículo 77 de la Constitución legítima y aún vigente de 1857.

 

Cabe destacar que el jefe de los rebeldes Venustiano Carranza junto con su camarilla de amotinados delincuentes auto-denominados “constitucionalistas”, lo que se traduce en supuestos defensores de la Constitución de 1857, resultaron ser anti-constitucionalistas, abolicionistas, absolutistas, contras y radicalistas de dicha Carta Fundamental, pues tan miserable ejército no tenía, sin embargo, la convicción doctrinaria de defender la Constitución, sino más bien la de aniquilarla para imponer el rigor de su nuevo código particular llamado “constitución de 1917”. Entre la Constitución legítima y aún vigente de 1857 y la carta bastarda de 1917 no existe ningún lazo de unión, pues ninguno de los preceptos de ésta manda que se acepten los de aquella; ésta, establece un orden de cosas completamente nuevo”.

 

No existe en el derecho positivo nacional o internacional, ni ha existido jamás facultad legal para legitimar un golpe de estado o una rebelión armada, pues en las leyes mexicanas han estado previstos siempre, los medios legales adecuados para cambiar el régimen político de gobierno.

 

Resulta invalida, nula, falsa y bastarda la pretendida “constitución de 1917” editada por los rebeldes revolucionarios, desde el triple punto de vista jurídico, político y revolucionario, pues el mecanismo legal para haber reformado la Constitución de 1857 se encontraba establecido previamente en el artículo 127 de ésta última legislación.

 

La pretendida “constitución de 1917”, no fue hecha por el pueblo de México ni para el pueblo mexicano, esto es así de conformidad con la jurisprudencia de la Corte que determina que: “no tiene validez la existencia de dos constituciones en una misma época”, y que no existe ley válida que haya derogado, abolido, anulado o suprimido a la Constitución de 1857, solo se le quiso sepultar pero, del texto de la de supuesta constitución de 1917 no se desprende alguna referencia en ese sentido.

 

La supuesta “constitución de 1917” que muchos simbólicamente han jurado en realidad jurídicamente no existe, y no pudo surgir como una nueva que substituyera a la legítima de 1857, además, no pueden existir dos constituciones en vigor y observancia en una misma época.

 

La falsa “constitución de 1917” fue un aborto espontáneo de la sub-clase social minoritaria convertida en combatientes, y en sus obras se resienten las pasiones, los odios y los rencores de esa casta neo-militar sangrienta, resulta ser un documento inválido que en nada altera los textos originales de la Constitución legítima de 1857 que aún sigue vigente.

 

La sumisión tácita o expresa del pueblo a la falsa y bastarda “constitución de 1917”, así como su invocación para defender algunos de sus derechos civiles ante cualquier atropello, no acarrea ningún beneficio de legitimidad a los gobiernos emanados de las rebeliones, por el contrario, tal comportamiento, ubica y actualiza a sus seguidores y colaboradores en diversas situaciones delictivas tipificadas en el Código Penal.

 

Cabe señalar que habrá quien se sostenga de la tesis doctrinal del “hecho delictivo consumado” como base de la validez y de los efectos jurídicos en los actos de la revolución, pero, tal postulado no puede tener la eficacia pretendida cuando se sucedió la toma del poder alterando el orden público (por la fuerza), con menoscabo de la ley, es decir, no se pueden anteponer los hechos delictivos a las disposiciones de orden público como sustento de legitimidad, y menos aun cuando se busca la transformación de un régimen político de gobierno, pues el derecho positivo no garantiza tal posibilidad, siendo claro que el uso de las armas y la violencia no se encuentra contenido en el artículo 39 constitucional como facultad para alterar o modificar la forma de gobierno.

 

 

CAPÍTULO VI

 

LA DOCTRINA TOBAR EN EL DERECHO INTERNACIONAL PARA LOS CASOS DE GOBIERNOS ILEGÍTIMOS SURGIDOS DE UNA REBELIÓN:

 

 

En materia de derecho internacional que fundamenta el principio de inviolabilidad constitucional se consagra en la llamada DOCTRINA TOBAR, la del doctor Carlos Tobar, conocida como: “Teoría de la Legitimidad Constitucional en Materia de Reconocimiento”, que actúa en defensa de la legitimidad democrática establece que: “Las repúblicas americanas por su buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo indirecto en las discusiones intestinas de las repúblicas del Continente. Esta intervención podría consistir, al menos, en el no reconocimiento de los gobiernos de hecho surgidos de las revoluciones contra la Constitución”.

 

La Doctrina Tobar está reconocida y tiene su respaldo en la: “CONVENCIÓN AL TRATADO GENERAL DE PAZ Y AMISTAD” firmado el 20 de diciembre de 1907, y en ella los gobiernos de los Estados centroamericanos firmaron dicho tratado por el que se obligaron a no reconocer a gobierno que en cualquiera de las cinco repúblicas pudiese llegar al poder como consecuencia de un golpe de Estado, o de una revolución contra el gobierno reconocido, en tanto los representantes elegidos libremente por el pueblo no hubieran reorganizado constitucionalmente al país. Así es como se concluye que el pueblo mexicano necesita reorganizarse constitucionalmente.

 

 

CAPÍTULO VII

 

DELITOS POLÍTICOS COMETIDOS POR LOS REBELDES SON DELITOS PERMANENTES QUE NO PRESCRIBEN CON EL TIEMPO:

 

 

Las rebeliones y las usurpaciones del poder ocurridas por los amotinamientos militares y rebeliones civiles desde luego son delitos de carácter permanente. Un delito de carácter “permanente” según la ley vigente, es aquel cuya acción delictiva permite, por sus características, que se le pueda prolongar voluntariamente en el tiempo de modo que sea idénticamente violatorio del derecho en cada uno de sus momentos.

 

En efecto, en los delitos permanentes todos y cada uno de sus momentos son de comisión; circunstancia que, por consiguiente, involucra permanentemente en su ejecución a quienes enterados de la acción, la admiten o a quienes por pre-ordenación la realizan y, por tanto, deben responder penalmente como coautores; todo lo cual justifica respecto a éstos la flagrancia y la inmediata orden de detención, sin que sea menester para proceder a la detención del infractor, según el artículo 16 constitucional, tener orden de aprehensión alguna ni oír previamente en juicio al acusado para realizarla, y el dicho de los aprehensores, debe tomarse como una prueba testimonial.

 

Cuando los militares golpistas y los rebeldes revolucionarios alcanzaron su propósito y el delito de rebelión se consumó, el pueblo de México se encuentra desde entonces sufriendo momento a momento el desorden público y la privación de su libertad, y en esa privación los civiles hemos sufrido también de momento a momento las restricciones y el menoscabo de nuestro honor, de nuestra economía, etc., de tal suerte que, por ello se consideran delitos permanentes o de efectos permanentes que siguen vigentes.

 

Al respecto la Jurisprudencia dispone que: “La persecución de los delitos permanentes no prescribe, en tanto no se acabe el estado antijurídico creado por ellos: En lo que concierne al comienzo de la prescripción, es determinante al momento de la acción, entendida ésta con arreglo a la teoría del resultado. En los delitos continuados comienza la prescripción en el último acto. En delitos permanentes, cuando acaba el estado antijurídico”.

 

La ley penal federal que comprende siete capítulos no señala un número mínimo o máximo de rebeldes de actores en la comisión de delitos, pues ya sea que se les denomine delitos contra el Estado, contra la seguridad nacional, contra el orden público, contra el orden constitucional, a la conspiración, la rebelión, el motín, y la sedición, etcétera; se les considera como delitos políticos en razón de que por tales delitos se altera, con toda evidencia, el bien jurídico protegidos que es el “orden público”, y la garantía de la “seguridad jurídica” en su expresión más alta, de los cuales dependen, sin lugar a duda, el respeto guardado a los órganos creados constitucionalmente para hacer realidad los fines de la ley, dentro de un régimen de derecho, dicho orden implica pues, el cumplimiento de la ley, en sus diversas jerarquías, exteriorizado en el funcionamiento normal y adecuado de los servicios públicos administrativos y judiciales, así como la paz social que garantiza el cumplimiento de los fines del Estado.

 

En teoría el pueblo mexicano en su calidad de grupos de individuos libres no puede ser esclavo o prisioneros frente a quienes ejercen los poderes del Estado, pero, en los hechos fue creada una condición de excepción en donde los intrusos gobernantes que tomaron por la fuerza los poderes del Estado se auto-constituyeron amos de los gobernados. Desde hace mucho tiempo la sociedad civil del pueblo mexicano no goza de las garantías de plena autoridad y de plena libertad constitucionales, ni de la protección de su legítima carta fundamental, pues viven en condición de prisioneros de los secuestradores militares golpistas y revolucionarios que se amotinaron y tomaron por la fuerza de las armas los poderes del Estado, aberrantes usurpaciones que no están respaldadas por el derecho positivo; vulgares delincuentes que se hacen pasar por gobernantes, cuando en verdad son meros intrusos que mantienen sometidos, bajo su dependencia y dominio absoluto a los ciudadanos mexicanos disponiendo a su antojo de los bienes patrimoniales tanto privados como públicos.

 

 

CAPÍTULO VIII

 

DE LA SOBERANÍA DEL PUEBLO MEXICANO.

 

 

El artículo 39 constitucional establece en ambas cartas constitucionales en forma similar en número y texto lo siguiente: “Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

 

De lo anterior se infiere que la soberanía (autoridad) reside esencial y originariamente en el pueblo (sociedad civil) y que todo poder dimana de él y se instituye para beneficio de éste. De igual forma, en teoría el artículo 41 constitucional establece que el pueblo (sociedad civil) ejerce esa su soberanía (autoridad) por medio de los Poderes de la Unión, y en razón de un mecanismo del régimen del sistema de representatividad dispuesto en el artículo 40 del mismo ordenamiento, no todos los miembros de la sociedad civil pueden encargarse de las tareas de gobierno, esa responsabilidad se deposita según el artículo 41 antes referido, en personas integrantes de las sociedades políticas conocidas como partidos políticos, integrados por individuos que se distinguen por ser expertos en el arte de las tareas del Estado.

 

Por la legislación entendemos que un pueblo “soberano” está en posesión de una omnipotencia social: Todos los derechos son suyos; de lo contrario no sería omnipotente; y no siendo omnipotente no sería soberano. Por la misma razón todas las obligaciones están fuera de él; porque si el tuviera alguna obligación que cumplir, sería súbdito: soberano es el que manda, súbdito el que obedece; soberano es el que tiene derechos, súbdito el que tiene obligaciones. Así el principio de la soberanía popular, que es un principio ateo, es también un principio tiránico, por que dónde hay un súbdito y no tiene derechos, y un soberano que no tiene obligaciones, hay tiranía. Esto obliga a entender la realidad respecto de la soberanía del pueblo frente a sus auténticos y falsos representantes en el gobierno.

 

Soberanía del pueblo es una palabra vacía: ¿Qué idea tiene el pueblo de su soberanía?, ¿es la de la fuente de autoridad?, ¿y cómo la comunica?, ¿y qué se reserva? y ¿cómo se contiene en todo él?, ¿y con qué derecho podía residir en alguna de sus partes?, ¿cómo redimirle de los inconvenientes inevitables de su naturaleza? luego, con esto el individuo es esencialmente fuerte, poderoso, libre, uno: luego, en su voluntad expiran todos los inconvenientes de hecho, y en su razón todos los de derecho: luego, ¿es intransmisible o es perecedera?; porque si se transmite, ¿qué le queda al pueblo?. Si no se transmite, entonces el gobierno es una usurpación, o es una ironía. ¿Le viene de otra parte?, ¿pero de dónde?, ¿ésta es divisible?, ¿cuál es su razón numérica respecto de cada persona?, ¿cuál es su valor apreciativo en cada nación?, ¿cuál es su valor efectivo en cada individuo?, por ejemplo: Cuándo en una batalla perecen veinte mil, ¿cómo queda la soberanía?, ¿sus modificaciones siguen la razón de los nacidos y muertos en el censo de población?, ¿dónde queda la soberanía si ganan los intrusos?.

 

 

CAPÍTULO IX

 

PROPUESTA DE NUEVA FORMA DE SISTEMA POLÍTICO DE GOBIERNO LLAMADA DEMARQUÍA:

 

 

La DEMARQUÍA también llamada “Conferencias de Consenso” deliberarían y tomarían decisiones sobre políticas públicas del mismo modo que los jurados alcanzan veredictos en los casos penales, en este caso, sobre todo tipo de asuntos que incumben al Estado. La “DEMARQUÍA” intenta superar algunos de los problemas funcionales de las democracias representativas convencionales, que en la práctica han estado sujetas a la manipulación por parte de intereses especiales y que plantean una división entre políticos profesionales (incluyendo en esta categoría a quienes forman parte de los grupos de interés) y un electorado básicamente pasivo, descomprometido, no muy implicado y a menudo desinformado. Según el profesor John Burnheim, la elección aleatoria de los decisores de las políticas haría más fácil al común de los ciudadanos el participar y dificultaría a quienes tienen intereses en corromper los procesos electorales. La “Demarquía” es un sistema que tiene por objeto cambiar la democracia representativa o de unos pocos intermediarios, por la democracia directa que garantiza la inclusión de todos los individuos en los procesos electorales.

 

La “DEMARQUÍA” ofrece las siguientes ventajas: 1.- La sociedad aprende haciendo directamente las tareas de gobierno, hay deliberación ordenada, participación social, independencia de los asambleístas, diversidad de opiniones, descentralización y agregación de muchos. 2.- La toma de decisiones es más sensata e inteligente. 3.- Se perfecciona la democracia, porque se crea un marco de entendimiento colectivo. 4.- Desaparición de la segmentación y la polarización que ejercen los partidos. 5.- Los partidos serán substituidos por asambleas. 6.- Aparecerán nuevos valores ciudadanos al servicio de la solución de los problemas colectivos. 7.- Habrá un cambio cualitativo en la mentalidad ciudadana. 8.- Se evitará tomar decisiones que afecten el interés general. 9.- Existirá una identidad colectiva en torno al bien común de la colectividad, un pueblo dirigido por la razón y la sensatez de los iguales está mejor dispuesto a respetar el marco legal, cuando las soluciones se propagan horizontalmente y no de arriba hacia abajo. 10.- Tendremos procesos electorales carentes de costo alguno. 11.- La ideología de los ponentes será variada y plural en vez de cerrada. 12.- La representación social y el nivel de estudio de los asuntos serán más amplios. 13.- El liderazgo es compartido en vez de único u oligárquico. 14.- El prestigio y la confiabilidad de los ciudadanos será de mayor calidad que el que ahora ofrecen los políticos de los partidos. 15.- Se evitan ausencias, pérdida de tiempo y relajación paulatina de los decisores. 16.- Las decisiones de los asuntos serán imparciales. 17.- El poder queda repartido en vez de concentrado. 18.- La lealtad es consigo mismo y no con un partido o sus dirigentes. 19.- Se evita confrontaciones de grupos por que no existen grupos. 20.- En la solución de asuntos se obtiene un triunfo colectivo y no de grupo o partido. 21.- El método de trabajo es colaborativo en vez de corporativo. 22.- La ética humana encaminada a ayudar a la humanidad estará presente en vez de ausente. 23.- Habrá importantes cambios sociales que transformen lo antiguo que ya conocemos.

 

Un ejemplo de procedimiento para un sorteo aleatorio es el siguiente: Usando el programa de computadora llamado “EXEL”, para ello se localiza primero la pestaña “FORMULAS” luego se seleccionar la opción “INSERTAR FUNCIÓN”  (fx), al entrar se escribe la función específica que se llama ALEATORIO.ENTER luego, dar CLIC  en IR entonces ya que aparece se selecciona con el puntero y se da CLIC en ACEPTAR y en seguida se abre una ventana llamada “ARGUMENTOS DE FUNCIÓN” donde podemos escribir un número mínimo inferior y otro máximo superior por separado en dos diversas casillas y entonces se da CLIC en ACEPTAR para que aparezca el número seleccionado al azar automáticamente por el procesador.

 

CAPÍTULO X

 

DE LA COOPERACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS REBELIONES, Y LA  OBSOLESCENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

 

 

Ni una sola de las plataformas políticas o idearios que postulan los partidos políticos abandera la causa del principio de inviolabilidad constitucional establecida en el artículo 128 de la Constitución legítima de 1857, de ahí deriva su complicidad al eludir cumplir y respetar las disposiciones de tan alta misión constitucional.

 

Sobre su obsolescencia se puede decir que la vida democrática del país no está exenta de prácticas negativas de interés de los individuos que dirigen los partidos, “los políticos”, su actuación es divergente y generalmente tienden a buscar perpetuarse en el poder para vivir pendientes de los cargos públicos, de la “polis” (la política) que es su principal negocio y su empresa son las asociaciones llamadas “partidos políticos”, mismos que en teoría, deben ser financiados con dinero de sus asociados, pero, prefieren las prerrogativas económicas fáciles del presupuesto público, y otros financiamientos de origen vergonzoso y desconocido, procurándose ventajas ilegales y deshonestas en las contiendas electorales y en el ejercicio del poder.

 

Andrés Serra Rojas en su libro “Origen del Estado”, dice: “Una sociedad está gobernada por dos corrientes diferentes: Las fuerzas del espíritu contenidas en sus tradiciones, en la naturaleza espiritual del hombre que cultiva valores y principios; mas hay otras fuerzas negativas que operan sobre la sociedad deformándola, se originan en los egoísmos, pasiones, instintos e intereses particulares de los hombres.”

 

Carlos Ruiz Alegría en su obra “Teoría Política” dice: “Los partidos presentan serias imperfecciones, fenómenos graves y desordenes sociológicos que les limitan el cumplimiento de las funciones que justifican su existencia”.

 

Investigaciones en Ciencias Políticas concluyen que, la utilidad de los partidos no hay que definirla en función a su declaración de principios o programas de acción, ni en razón de su filosofía o clase social de afinidad ideológica a la que pertenezcan, sino en atención de lo que hacen diariamente para conquistar el poder o por conservarlo, dependiendo del cabal cumplimiento de sus facultades.

 

Robert Michels, en su libro: “Los Partidos Políticos”, dice: “La ley de hierro de la oligarquía consiste, en: las ambiciones personales o de grupo de los dirigentes de los partidos, (los políticos) que crean una clase políticamente diferenciada y subdividida muy distante de la gente común que forman las bases de sus afiliados, esos dirigentes, hacen un proceso de selección interna cerrado, lo que supone un conflicto forzoso de intereses de la mayoría sus asociados, a los que solo utilizan como un mero instrumento de utilidad para el día de las votaciones”.

 

La cruda realidad es que los “partidos” auto-eligen, registran y promueven a su gusto a las personas que habrán de gobernarnos, en cambio, para la gran mayoría de la gente común del pueblo, su espacio es reducido, ellos no intervienen en eso, su opinión no cuenta, tienen un lugar secundario, su intervención solo puede ocurrir por concurrencia hasta el día de las votaciones, su decisión es impersonal, es decir, no votan por la persona sino por alguno de los símbolos distintivos de los partidos, mismos que aparecen impreso en los recuadros de las boletas electorales.

 

Gonzalo Fernández de la Mora, en su libro titulado “La Partidocracia” dice: “Analizando históricamente la evolución, desarrollo y fortalecimiento de los partidos, se ha comprobado que éstos, se han colocado en un lugar preeminente (superior) con relación a la toma de decisiones en el ejercicio del poder, al grado de que, el centro verdadero del poder del estado, se ha degenerado peligrosamente desplazándose hacia la voluntad de los partidos”.

 

El desplazamiento del poder institucional del estado hacia los partidos es: “La democracia ha degenerado en el poder oligárquico (el gobierno de unos pocos) de uno o más partidos políticos”

 

El Estado “Partidocratico”, es aquél en el que el poder resulta monopolizado, más o menos legítimamente por un partido o por una pluralidad de partidos aliados, lo que da lugar a que éstos, no lo substituyan, ni coadyuvan con él en el ejercicio del poder, sino que, al disputárselo lo invalidan y lo descuartizan en las dos formas siguientes:

 

Inciso A.- La substitución de los partidos en el papel del Estado derivado de la Partidocracia: Sus características son: _ La pérdida de independencia de los representantes populares; _ El sacrificio de la capacidad de los representantes en busca de una mayor disciplina de partido; _ La transferencia de la voluntad popular a la voluntad partidista; _ La deshumanización de los representantes de elección que se convierten un mero instrumento de votación para los partidos; _ La devaluación política de la asamblea legislativa; _ El desarrollo del proceso real de legislación y de acuerdos parlamentarios fuera de los recintos para ese efecto; _ La falta de control real sobre el gobierno;_ La confusión de los poderes del estado; _ La pérdida de funciones reales de las cámaras de representantes; _ El deterioro de la vida política local por la imposición de criterios partidistas; _ La monopolización de la actividad política que impide la creación y competitividad equilibrada de los partidos en el ejercicio del poder; y, _ La consolidación monopólica de una administración que impide un pluralismo efectivo.

 

Inciso B.De la desintegración del Estado derivado de la Partidocracia: Sus características son: _Un pluralismo caro y desquiciante, en donde no se logra una coalición mayoritaria, solo un proceso legislativo fragmentado y caótico; _ La paralización de la acción de gobierno; _ Un vacío de poder; y, _ La carencia de un proyecto definido de gobierno.

 

Es contra el derecho natural, la moral, el orden público que los representantes populares mantienen su relación de sociedad y de fidelidad o lealtad para con sus partidos, éstas (las relaciones) no desaparecen, la voluntad de los funcionarios públicos ya electos sigue sometida al dictado de los dirigentes de su partido, manteniéndose un control sobre las decisiones de los servidores del Estado.

 

Los partidos políticos no son órganos del estado, tan es así que se retoma el sentido de la sentencia número 10/1983 del Tribunal Constitucional español de fecha 21 de febrero de 1983, por la que se resuelve que: “Se impide a los partidos invadir la autonomía propia de los representantes del pueblo en los órganos parlamentarios, sin importar que hayan sido sus promotores, pues la investidura popular recae sobre los candidatos, no sobre los partidos que los presentan y éstos no pueden privar o sustituir a los electores de su mandato”.

 

Es claro que los partidos y sus candidatos mantienen una relación de divorcio con la mayoría de la población. Se trata de una crisis de participación que origina una crisis de legitimidad que nos arroja como resultado representaciones populares electas por minorías.

 

Jorge Vera Estañol, en su libro, “Al margen de la Constitución de 1917”; dice: “Cuando la opinión pública no se manifiesta en los comicios; más que esto, deja de hacer oír su voz en todos los momentos con relación a todos los actos importantes de la administración, la comunidad de ideas entre el pueblo y sus representantes insensiblemente va desvaneciéndose, las fuerzas que mantienen los lazos de dependencia y responsabilidad, se relajan paulatinamente; y si el silencio se prolonga el gobierno acaba por sentirse independiente, irresponsable, infalible, omnipotente.  La democracia resulta entonces una quimera; (un sueño, una ilusión) la autocracia (tiranía-dictadura) vestida con falsos ropajes, en la realidad: El gobierno es amo y no servidor; hace los comicios, en vez de que los comicios hagan el gobierno”.

 

Para calificar el esfuerzo de los partidos más pequeños, resulta un fenómeno al que se le ha dado en llamar “votación inútil” o elección inútil. Lo votación diferenciada pone de manifiesto la división de la sociedad civil que se deja seducir por tal o cual partido. El interés de los partidos pequeños es artificial pues su única labor consiste en trabajar hasta donde pueden lograr sostener el nivel de votación requerido por la ley, que les alcance para conservar su registro y los beneficios del presupuesto público. Es falsa la lealtad a los principios o doctrinas y estatutos de su instituto político pues, los dirigentes militantes afiliados o simpatizantes a los diversos partidos generalmente cuando las condiciones se lo permiten, prefieren cambiarse a otro y votar por uno diferente al suyo sin ningún recato ético, demostrando su falta de identidad ideológica.

 

Es contra el orden público que las representaciones que resultan de los diversos partidos, al ejercer el gobierno en las distintas jurisdicciones y jerarquías, incumplen su deber de corresponsabilidad es decir, no cooperan entre sí, por el contrario, difieren con los demás de otros partidos y tienden a enfrentarse con mayor rigor a como lo hicieron antes en las campañas electorales, no se les olvida que fueron y siguen siendo adversarios de ideas y, generalmente utilizan de su autoridad para fracturarse y entorpecer sus respectivas actividades.

 

Máx. Weber, en su libro “Economía y Sociedad” dice: “Los partidos políticos son sólo un medio para hacer efectivo el principio democrático, no son la única vía para ello, ni pueden sustituir la intervención directa de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos”.

 

Fernando Savater, en su libro “Política para Amador” dice: “Las sociedades humanas en cualquier lugar del mundo, tienen sus propias razones para mantener obediencia o para estar en desacuerdo con un régimen determinado. Supone un sentimiento colectivo que propugna por superar la crisis que se le presente. Y, con el objeto de evitar que se forme en torno al estado, una costra de inamovibles especialistas en mandar, bajo la cual todos los demás tengamos que ser resignados especialistas en obedecer, se puede relativizar (subordinar) el papel de los partidos, quitándoles privilegios e importancia.”

 

Vázquez de Mella hace notar que: “Cuando un partido logra llevar al poder a sus miembros se transforma a la larga, en partido único dominante, debe controlarse esa situación”.

 

Francisco Porrúa Pérez, en su libro “Teoría del Estado” dice: “Es lógico que cuando con el pretexto de formar un partido político se constituya una asociación que sea contraria a los principios democráticos, que sea contraria en consecuencia, al bienestar general, debe ser prohibida, debe prohibirse la asociación delictuosa, contraria a la moral, al derecho natural, o al orden público.  ¿Cómo habría el estado de tolerar y amparar una libertad que en la práctica tendiese a destruir los valores mismos que están bajo su custodia?”

 

De los resultados de las más recientes elecciones (2018) obtenemos que el partido o coalición triunfadores obtuvo en su conjunto un número de votos por la cantidad de 30,113 483 (Treinta Millones Ciento Trece mil Cuatrocientos Ochenta y Tres), lo cual no cumple con la exigencia del principio de la fórmula matemática de la democracia que exige la mitad más uno de los sufragios de conjunto de todos los electores empadronados, esto es que del total de electores registrados que fueron 89,332 301, se requerían mínimamente la cantidad total de 44,666 150, lo que nos arroja un faltante de 14,552 668 de votos para haber sido una elección auténticamente democrática.

 

 

CAPÍTULO XI

 

COMPORTAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN POR SUFRAGIO.

 

 

Se ha comprobado que no han sido eficaces ni eficientes las instituciones y procedimientos encargados de aplicar el sistema de medios de control, aquel que fue creado para contener el irregular comportamiento de los servidores públicos; las instancias, las leyes, el juicio político, el de responsabilidades, el de desafuero, el de amparo, el juicio administrativo, civil o el penal; ellos los políticos, son asociados (socios de interés) de tal manera que, los medios de control legal están al mando de la misma membresía, (hermandad) de otros asociados y así todos confabulados, tienen asegurada la dispensa (impunidad) de sus infracciones.

 

Para controlar la magnitud del irregular comportamiento de los servidores públicos, presuntamente los responsables de estas instancias, al saber que se trata de un compañero burócrata tienden a buscar favorecerlo procurando a su favor las formas que le permitan el desequilibrio a esos procedimientos para que resulte bien librado, es decir, se configura la presunción de probable asociación delictuosa colectiva. La corrupción y la impunidad proveniente de los servidores del Estado cometida por acciones u omisiones se debe al inexplicable descuido derivado del paulatino relajamiento de los superiores jerárquicos encargados de supervisar el cumplimiento de facultades de los subordinados y su complicidad en al omitir su obligación (deber) de denunciar y castigar severamente y de manera ejemplar tales conductas indebidas, lo que supone la hipótesis de delincuencia organizada. Haber dejado de fomentar los principios la honradez, la lealtad, la eficiencia en el servicio como principios rectores de la función pública, ha propiciado un ambiente de corrupción, autoritarismo, desvío de poder, ultrajes a las instituciones y formas de gobierno, lo que necesariamente acarrea serias responsabilidades.

 

El deber de desempeñarse en un cargo público, es un deseo de la colectividad y debe apreciarse como un bien para la satisfacción de todos.  Ante tal posición, el derecho tiene la obligación de emitir una norma protectora de dicho bien, de esa manera el interés público toma relevancia de superioridad jurídica.

 

Rafael I. Martínez en su obra “Diccionario Jurídico” dice: “Por la importancia de lo que se menciona, el interés público es una limitante de la libertad individual, a efecto de que no se cause un perjuicio a la colectividad, de ahí que, es necesario el carácter obligatorio de la función pública para la realización de un fin común. La voluntad del representante de elección queda sometida al cumplimiento del interés general, y no puede estar en pugna el interés particular del servidor público, con el de la colectividad. El desvío o exceso del poder de la autoridad, no puede invocar razones de interés público; por tanto, si no se satisfacen estos requisitos habrá la posibilidad de obtener la ineficiencia”.

 

El deseo social consiste en el logro de determinados beneficios comunes o la realización de ciertas acciones tendientes a la consecución de un bien para la humanidad, en cambio, el incumplimiento de facultades de los servidores público conlleva perjurio (perfidia, traición, mentira, falsedad) al juramento exigido en la Constitución Federal. Dicho juramento tiene un valor esencial, pues según el diccionario aquél que rinde la protesta, está poniendo de testigo a Dios y a los presentes de que su honor y su palabra son la prenda que da de que habrá de cumplir su encomienda.

 

Johnson Spencer en su obra “Quién se llevó mi queso” dice: “Es más seguro seguir buscando en el laberinto la salida que permanecer inmóviles, aferrados a las mismas ideas, creencias o costumbres, si es que estas ya no nos conducen a nada bueno, y el instinto nos da la señal de que algo apesta porque esta añejo o no funciona, debe ser desechado”.

 

Gracias a los conflictos el ser humano inventa, evoluciona, se transforma y no se estanca, sus instintos la llevan a averiguar la verdad de sus problemas y buscar los cambios necesarios para su bienestar. Es verdad que el hombre puede adaptarse a un mundo en constante cambio. Cada región del país transita por sus propios tiempos políticos sociales y culturales muy diferentes, y sus habitantes están facultados para decidir cuándo, cómo y en qué sentido impulsar cualquier transformación. Estamos en el tiempo en que es muy fácil advertir la necesidad de darle sanidad al ejercicio del poder, a efecto de re–orientarlo hacia postulados que cumplan con los verdaderos objetivos del Estado, emancipándolo de todo aquello que provenga de los factores del poder o de poderes fácticos y de sus fuerzas negativas.

 

 

CAPÍTULO XII

CARÁCTER LEGÍTIMO Y VALIDO DEL PLAN CONSTITUYENTE Y CONTRARREVOLUCIONARIO DE LA NACIÓN.

 

 

Para soportar los postulados de esta misión constitucional sirven las palabras expuestas en la obra:

 

“PAPELES PARA EL PROGRESO”: Autor: Jorge Botella. Tema número 39. julio-agosto 2008 en la que cita lo siguiente:

 

“El movimiento ciudadano que se opone a la vigencia o permanencia de un Estado revolucionario es lo que se denomina contrarrevolución. Su fundamento social está en que toda revolución altera el proceso lógico de la participación, de la representación y de la tolerancia.

 

Los procesos revolucionarios -que normalmente siguen a la alteración de derechos de la ciudadanía- se apoyan en parte en las deficiencias del Estado vigente, pero sobre todo en la ansiedad social que aspira a una mejora de su bienestar. Lo que suele suceder después es que la ciudadanía, independientemente del logro o fracaso de su progreso de bienestar, percibe que toda revolución se consagra a sí misma y se muestra intransigente para evolucionar con los tiempos y los anhelos sociales.

 

Tanto más en cuanto que la revolución predique la rectificación de los hábitos comunes de la tradición, más se apresura la desilusión, porque instaurar formas de comportamiento novedosas las más de las veces impactan con los criterios de libertad previamente consolidados. El axioma esencial es que los ciudadanos no aspiran a que se les haga libres, sino simplemente a ejercitar su libertad.

 

La contrarrevolución nace desde el mismo momento en que una revolución triunfa y establece como forma de Estado unos principios que aspiran a permanecer inalterables, lo que vulnera la iniciativa social para que sean las mayorías representativas quienes gocen permanentemente del mandato de hacer el Estado como en cada momento lo quieren los ciudadanos.

 

La contrarrevolución corresponde más a un sentir social que a una trama organizada y es por lo que progresa lentamente en su peso político, por más que sean mayoría los ciudadanos que comparten la resistencia al poder revolucionario constituido.

 

La contrarrevolución que no quiera ser una alternativa de revolución, sino un Estado de derecho libre, más o menos democratizado según su cultura política, ha de fijarse en que la autoridad dimana del pueblo, pero no según la consideración de masa, sino como la suma de voluntades individuales que salvan su permanente decisión de representatividad. El objetivo último de toda contrarrevolución natural es la configuración de estructuras representativas como garantía del ejercicio de la libertad, no tanto porque ellas hagan efectivos todos los derechos, sino porque los derechos lo son porque los ciudadanos los experimentan y los demandan, gozando de una perspectiva de consolidación de la que se carece en la rigidez doctrinaria revolucionaria que idealiza los derechos no como la consecuencia de las relaciones sociales, sino como realizaciones de una idea de Estado sobre cada individuo.

 

Frente al idealismo revolucionario, la contrarrevolución se caracteriza por la carencia de una ideología, y es por lo que puede aglutinar formas muy diversas de entender la política, lo que es el auténtico reflejo de la libertad. El único dogma que se tolera es el de no ser dogmático, ni siquiera en cuáles hayan de ser los medios de liberación. Y es que lo que más une a la sociedad, incluso por encima de los ordenamientos jurídicos, es el sentido común. …………

 

 

CAPÍTULO XIII

DEL RECUENTO DE DAÑOS CON MOTIVO DE LOS GOBIERNOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN:

 

 

LISTA DE LAS 16 REGLAS ROTAS POR LOS REBELDES GOLPISTAS Y REVOLUCIONARIOS:

 

 

1.- Rota la regla de la legitimación y autenticidad. 2.- Rota la regla de la armonía. 3.- Rota la regla de la integralidad. 4.- Rota la regla de la concentración. 5.- Rota la regla de la “soberanía”. 6.- Rota la regla de la perseverancia de la forma de gobierno. 7.- Rota la regla de la legitimidad. 8.- Rota la regla del orden público. 9.- Rota la regla de la seguridad jurídica. 10.- Rota la regla del equilibrio social de clases. 11.- Rota la regla de la igualdad en la inclusión de todos los individuos en el proyecto democrático nacional. 12.- Rota la regla de la auténtica representatividad política. 13.- Rota la regla de la inviolabilidad constitucional. 14.- Rota la regla de procesos electorales válidos. 15.- Rota la regla de adiciones y reformas licitas como lo dispone el artículo 127 de la Constitución de 1857. 16.- Rota la regla de la Supremacía Constitucional establecida en el artículo 126 de la Constitución legítima de 1857.

 

 

1.-ROTA LA REGLA DE LA LEGITIMACIÓN Y AUTENTICIDAD:

 

 

La posición de los usurpadores que tomaron el poder por la fuerza de las armas, como fueron el General Díaz, el señor Madero, el General Huerta, el señor Carranza y el General Calles, y otros, fue ilegal, pues sin tener derecho al no haber sido electos, se hicieron gobernantes provocando el estado de esclavitud y prisión de nosotros todos los gobernados que conforman el pueblo mexicano. Se comprueba la ilegitimidad de dichos gobiernos en virtud de que los actos realizados para tomar el poder, eludieron fraudulentamente el cumplimiento del derecho mexicano, el orden público y las costumbres internacionales.

 

La imposición arbitraria del código particular de dichos amotinados que es la Carta Rebelde de 1917, suplantó indebidamente la vigencia de nuestra constitución legítima de 1857, alterando las reglas del mandato constitucional, los elementos de orden y la forma de gobierno o modo ordenado de existir de las relaciones sociales de todos los mexicanos.

 

La actitud agresiva de los rebeldes de 1910 manifestada por el uso de las armas, se derivó como respuesta a una situación social de desacuerdo con la metodología utilizada por los régimen político de gobierno existentes, pero, la conducta violenta no puedo ser jamás la expresión de la razón ni de la voluntad general, resultando ser solo la idea perversa de un puñado de aventureros, pues la constitución de 1857 vigente aún en el año de 1917, disponía claramente en sus artículos 9, 39, 80, 81, 82 y 127, los medios adecuados para cambiar el régimen político de gobierno existente, es decir, aquellos que entraron en rebelión, tuvieron en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, puesto que sus propósitos los debieron configurar acordes con procedimientos pacíficos (elemento de orden), legales (elemento de justicia), legítimos (elemento de derecho), para cambiar de régimen político de gobierno, no debieron ser por la vía de la violencia y el derramamiento de sangre inocente, dado que no era considerada como una vía legalmente correcta estando absolutamente descartada, y la legalidad que figuraba como un atributo o elemento esencial de orden público fue ignorada por los cobardes asesinos, y la convivencia en las relaciones sociales entre los mexicanos fue trastornada injustamente.

 

Así pues, siendo ilegal la existencia y vigencia de dos constituciones (o códigos políticos) en una misma época, bajo el uso de la fuerza y de las armas, ilegalmente los intrusos asumieron los cargos de los tres poderes del Estado, y en un número no mayor de 218 impostores, sometieron como esclavos y prisioneros de sus mandatos a 15 millones de ciudadanos mexicanos de aquel entonces.

 

En teoría se entiende que quien desempeña el papel de “representante”, y que son los “políticos”, quedan sometidos al cumplimiento del interés general contenido en las leyes, su voluntad no puede estar en pugna con la de la colectividad; el desvío o exceso del quehacer de los sirvientes en el gobierno, no puede invocar razones de interés público; por tanto, si no se satisface este requisito habrá la posibilidad de obtener la ineficiencia, ineficiencia y desacato de aquello que tienen obligación de obedecer.

 

El deseo original de la sociedad consiste en ayudarse de los expertos en el arte de la política para lograr determinados beneficios comunes de interés público, acciones tendientes a la consecución de un bien para la humanidad, en cambio, las actuación de los amotinados golpistas y rebeldes en su condición de maleantes no podrían invocar razones apoyadas en la ley, lo que nos demuestra que actuaron a título personal, con la responsabilidad que implicaba el derrocamiento de un gobierno legalmente establecido que encabezaba el entonces presidente legítimamente electo Sebastián Lerdo de Tejada.

 

La razón y la ley nos indican por ejemplo, que el derrocamiento del presidente Don Sebastián Lerdo de Tejada, por parte del sirviente militar golpista Porfirio Díaz es ilegítimo, pues éste no obtuvo el ejercicio del poder por la vía de los procesos de elección popular dispuestos en el derecho positivo, y contenido en la Constitución de 1857; luego, y al haberlo obtenido por la vía de la violencia y de la fuerza de las armas, hizo ilegal e ilegítima su condición de “representante”, atropellando con ello las disposiciones de orden público y el modo de existir pacífica de las relaciones sociales de la sociedad civil mexicana.

 

Por otra parte, el uso de la violencia y de la fuerza de las armas sucedió a raíz del movimiento revolucionario de 1910, tuvo por objeto derrocar al dictador Porfirio Díaz fue una acción que tampoco justificaba de manera alguna la posibilidad de obtener una “representatividad legítima” en el ejercicio del poder, pues el poder para gobernar tampoco lo obtuvieron por la vía de los procesos de elección popular, dispuestos en el derecho constitucional vigente en esa época. La “representatividad legítima” en el gobierno se obtiene invariablemente con base en las normas de la ley, obteniendo el voto mayoritario en los procesos de elección popular, por lo cual no existía ni existe otra forma alternativa.

 

La ilegitimidad de los gobiernos contrarios a la constitución legítima de 1857 encabezados por Díaz, Madero, Huerta, Carranza y Calles, así como los cómplices que hasta la fecha han cooperaron con los movimientos rebeldes, solo comprueba que todos junta o separadamente realizaron actos de trastorno público; planearon en contra de la ley y las instituciones, realizaron actividades que alteraron el orden público, igual establecieron gobiernos contrarios los principios que ella contiene, violentaron el principio de inviolabilidad constitucional, y sometieron a sus dictados al conjunto de los pobladores del pueblo de México. Es el caso de que, jurídicamente no existe un derecho al golpe de estado militar o a la rebelión revolucionaria civil, por lo tanto, las actitudes golpistas y de amotinamiento sucedidas en la República mexicana, se apartan en absoluto de la ley que es la que nos impone, en este caso, los límites (elemento de orden) de la conducta tanto de la sociedad civil como de las sociedades políticas.

 

Se ha buscado en la ley los fundamentos jurídicos que permitan medir las actitudes de los gobiernos intrusos, hasta se han consultado libros que explican las “razones de la fuerza” pero en todos ellos no se encuentran justificados los motivos que se puedan tomar en consideración, en favor de los rebeldes golpistas r revolucionarios, pues toda actitud violenta y el uso de las armas colocó a los facinerosos en la hipótesis de ilegalidad prevista por el artículo 128 de la constitución legítima de 1857.

 

Resultan carentes de legitimidad los gobiernos emanados de los golpes militares, y los surgidos de la rebelión civil de 1910, por haber eludido fraudulentamente el derecho mexicano, y ser manifiestamente incompatibles con el orden público en los términos de la legislación mexicana y las costumbres internacionales. La historia nos arroja interesantes aspectos relativos a ciertas imperfecciones en el sistema democrático nacional; tan substanciales son que se puede asegurar que el pueblo mexicano en realidad no es una República democrática.

 

Pensamos ingenuamente que los “sirvientes intrusos” (los políticos y los militares) de antes y sus cómplices que llegaron después, están bien muertos, o que ya no existen ni trabajan en el gobierno, siendo que en la realidad usurpan nuestro pensamiento, nos oprimen a su antojo. Los “políticos muertos” y los intrusos que vinieron después, los que ya no están trabajando en el gobierno, siguen siendo señores y dueños de los vivos; (debiera decir tontos) pues en las escuelas gran parte del tiempo de enseñanza se emplea para explicar y aprender sus vicisitudes, aventuras, vergüenzas y teorías. La historia mexicana es un interminable libro de muertos y hechos de vergüenza. El pueblo debe obedecer sus códigos sus fórmulas de pensamiento, sus órdenes impositivas. Nuestros museos están llenos de sus obras, en nuestras plazas se pavonean imágenes de difuntos dizque “famosos héroes”, ya sea a caballo, con armas o en actitud amenazante, esas fantochadas no pueden ser la representación del orgullo de la Patria mexicana; es necesario concluir de una vez por todas, con esta engañosa y perpetua esclavitud orquestada por los amotinados, establecer un orden de cosas completamente nuevo y plasmarlo en la proyectada “Constitución Social Nacional del Pueblo Mexicano”

 

Todos sabemos que  el “partido único dominante” integrado por políticos intrusos asociados en los partidos, han mantenido su poder hegemónico; quienes con reformas políticas y leyes electorales continúan con el juego de las falsas e inexistentes elecciones; es desde donde proviene otra parte del engaño, pues se da una “falsa” apertura a la alternancia de partidos pero, de poco ha servido ya que los “nuevos partidos” en el gobierno, en tanto no se restablezca el orden constitucional dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Legítima de 1857, cooperadores de las rebeliones.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Recobrar la legitimidad y la autenticidad en el ejercicio del poder, así como de la carta política constitucional de los mexicanos, tal y como lo ordena el artículo 128 de la Constitución legítima de 1857.

 

 

2.-ROTA LA REGLA DE LA ARMONIA:

 

 

No existe la armonía interna, paz interior, ni equilibrio funcional de los poderes de gobierno que conducen los actuales usurpadores.

 

Las fuerzas divergentes de los representantes populares, libradas a sí mismas, generalmente desgarran al conjunto en su intento de llevarlo en direcciones contradictorias y, con bastante frecuencia, se produce: o bien una fractura del organismo bajo la forma de una secesión; o bien un enfrentamiento violento en la forma de una guerra civil como la de 1910, en donde los bandos terminan considerándose mutuamente como enemigos políticos.

 

Ahora bien, sobre la “división de los poderes”, tenemos que esta expresión entendida en sentido literal tiene un significado simbólico, nada tiene que ver con la esencia del gobierno, pues no puede haber más que un gobierno, es decir, no puede haber más de un poder y no tres distintos, claro es que pueden ser vario y múltiplo en sus acciones, tareas o facultades las que no pueden ser ajenas al factor de “unidad”, esto quiere decir que cuando la sociedad civil necesita para el cumplimiento de sus objetivos algo, tanto así debe tener el gobierno de facultades para cumplir tal necesidad. Si la sociedad necesita leyes; luego el gobierno tiene poder para darlas: (legislativo), de actos de administración (ejecutivo), de discutir los hechos controvertidos e imponerles coacción (judicial), pero todo en un solo cuerpo de gobierno el cual se rige por el sistema del código político que regulan su equilibrio ordenado.

 

Siendo la “Constitución Política” un documento de sometimiento de la voluntad de la acción de los “políticos”, es con el fin de tender un círculo (corral) que controle todos los movimientos de los sirvientes al principio de la “unidad” y del estado de derecho. Reunir la diversidad de voluntades con la unidad entre los subordinados es el gran problema que nos ha significado la anarquía y el desorden. Unos se sacrifican por la “unidad”, otros buscan la “diversidad”, en fin, lo que nunca se tienen es la perfecta “armonía” que debe haber entre todos, para que no formen más que un solo sistema de acción y la maquinaria funcione correctamente. Ningún pueblo tocará jamás esta perfección absoluta por que la sociedad civil no se da tiempo para ordenar su servidumbre política, así pues, si la pluralidad en la unidad es un principio entonces, ¿dónde está la utilidad del código constitucional?; si no se pueden conseguir de manera absoluta; la unidad y la armonía en el gobierno, el progreso, la libertad y el orden, acaso ¿nunca estarán presentes?

 

Los “atributos” o poderes dados a los sirvientes, no engendran ninguna personalidad superior frente a los patrones (mandantes), lo que se les confiere son “atributos” oficios, ocupaciones o tareas, no se debe perder de vista la superioridad numérica y jerárquica de la autoridad nacional del pueblo. No basta tener peones, ordenarlos, clasificarlos, conferirles algunas atribuciones y prevenirles de ciertas reglas contractuales constitucionales; se requiere de la presencia reguladora y constante de la sociedad civil (del pueblo) que permita eludir toda oposición, la divergencia, la inconformidad y la ineficiencia de los subordinados, una presencia real de mando supremo que garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que existe la figura jurídica del Estado.

 

Investigaciones en ciencias políticas concluyen que la utilidad de los “políticos” y sus partidos, no hay que definirla en función de su declaración de principios, de sus planes de acción, de su filosofía personal o de sus discursos floridos, sino en atención a lo que hacen diariamente por el cabal cumplimiento de sus oficios; lamentablemente también en las conductas de los sirvientes se generan fuerzas negativas que operan sobre la sociedad civil deformándola, las que se originan en sus sentimientos, egoísmos, pasiones, instintos e intereses rijosos o de plena comodidad y el constante relajamiento (holgazanería-haraganería) que les provoca cierto grado de irresponsabilidad, el que les impide actuar con armonía y eficiencia, el que les da tiempo para confabular, conjurar, intrigar, conspirar, maquinar, y en ocasiones aliados con otros, cometer complot en perjuicio del interés público de la sociedad civil. Generalmente no cooperan, se crea una personalidad superior ficticia, una clase especialmente diferenciada, muy distante de la gente común, ellos hacen en sus partidos unos procesos de selección interna cerrada en agrupaciones políticas especiales, lo que supone un conflicto forzoso con la mayoría a las personas a las que solo utilizan como mero instrumento de utilidad para las votaciones.

 

Ese grupo pequeño, camarilla, fracción o bando cerrado de políticos pertenecientes a un partido, eligen, registran y promueven a su gusto las candidaturas de los que habrán de gobernar más tarde a toda la población, la generalidad del pueblo no intervienen en esos procesos internos de selección, su opinión no cuenta, tiene un lugar secundario, su intervención ocurre pero hasta el día de las votaciones, en donde inevitablemente no hay otra alternativa que adherirse a una propuesta preestablecida, en realidad no hay una libertad de elección, es decir, de hecho no hay acuerdo, concordia o conformidad previa en la pretensión engañosa de la supuesta elección de representantes. No hay una armonía por que los partidos se encargan precisamente de eso, de “partir”, que es sinónimo de dividir a la sociedad civil y a los políticos “representantes” en partes o camarillas discordantes.

 

Tan perfectos han sido los planes de los intrusos, que hoy el pueblo mexicano sigue sin la autoridad soberana que predica el artículo 39 constitucional, arrodillado, acorralado, maniatado, dividido, controlado y a merced de los dueños de los partidos políticos, de los sindicatos, de las agrupaciones campesinas, abatido por los efectos de una terrible globalización, creyendo ingenuamente que tienen una gran autoridad soberana sobre lo que pasa en el país, ignorando que en verdad están perfectamente aislados y sin ninguna posibilidad de mantener algún tipo de unidad o de dominio sobre la situación que guardan las cosas que hacen los sirvientes.

 

El poder de autoridad o soberanía del pueblo es uno solo, y por ser único no se subdivide, este solo se entrega para que lo ejerza a la situación jurídica llamada “Estado”, es decir, el pueblo no puede transferir lo que no tiene en tres diversas oportunidades o modalidades, esto es, no posee tres poderes sino uno solo, no se hace necesario en lo sucesivo realizar una elección particular para cada tipo de atribución o facultad.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Eliminar la falsa separación de poderes, recobrando la unidad y eludiendo la diversidad ficticia de funciones en el ejercicio del gobierno, se establecerá una sola situación jurídica de “Autoridad Estado”, eludiendo la práctica engañosa de la subdivisión de “poderes”, en el entendido de que las funciones, o facultades, tareas o encomiendas no son poderes, sino simplemente una diversidad de atribuciones del Estado, que por nada pueden ser poderes diversos.

 

 

3.- ROTA LA REGLA DE LA INTEGRALIDAD:

 

 

Aquí examinaremos el grado de afectación a la sociedad civil por la toma de decisiones de los políticos sirvientes: La regla de la integralidad establece, por lo tanto, que: En todo organismo político, el órgano rector necesita disponer de un poder de decisión de última instancia sobre la integralidad de aquellas cuestiones que tienen, o pueden tener, una importancia vital para la existencia o el desarrollo del organismo.

 

Debe tenerse presente que tanto el “estatismo” como el “privatismo” violan esta regla, el primero, porque obliga al Estado a asumir funciones que, en realidad, no necesariamente le competen; el segundo porque le niega al Estado el Poder de decidir en última instancia sobre cuestiones vitales para la comunidad.

 

El Estado debe tener, una capacidad de respuesta integral a los problemas esenciales que hacen a la vida de una Nación y debe hacerla valer allí en dónde sea necesario. Por eso es que el órgano rector de una unidad política tiene una responsabilidad mucho mayor, imposible de equiparar con la que le cabe a la conducción de los organismos no-políticos. Una decisión tomada por un Jefe de Estado, afecta a toda una Nación (pueblo) y puede llegar a afectar a todas y a cada una de las personas que lo integran. Las consecuencias de las decisiones políticas son, en una muy alta proporción de los casos, integrales; es decir: afectan a toda la vida del organismo político y de la sociedad entera.

 

En teoría se entiende que el “político” queda sometido al cumplimiento del interés general, su voluntad no puede estar en pugna con el de la colectividad, el desvío o exceso del quehacer del sirviente público, no puede invocar razones de interés público; por tanto, si no se satisface este requisito habrá la posibilidad de obtener la ineficiencia y la ineficacia.

 

El deseo de la sociedad consiste en lograr determinados beneficios comunes (interés público), acciones tendientes a la consecución de un bien para la humanidad, en cambio, el incumplimiento conlleva perjurio (perfidia, traición, mentira, falsedad) al juramento ofrecido al momento de rendir protesta y en el que se pone como testigo a los presentes de que el honor y la palabra del sirviente publico quedan en prenda del buen cumplimiento de la encomienda.

 

No es admisible que los “políticos intrusos” hayan comprometido la estabilidad, las capacidades y la integralidad del Estado mexicano. Una simple protesta de ley a mano alzada no basta como prenda de que habrán de cumplir la encomienda; se requiere de algo más efectivo, de una transformación profunda a las tesis que por muchos años han demostrado su ineficacia e ilegitimidad; pero lo más importante como lo dispone el artículo 128 de la Constitución de 1857, se necesita primero restablecer el orden constitucional de la república, juzgar a los intrusos y a sus cómplices, con arreglo a las leyes que en su virtud se hubieren expedido.

 

A fin de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan el servicio público que está instituido para beneficio del pueblo, el Estado como órgano-institución de un solo poder, tomará decisiones de forma colegiada, esto es, que la toma de acuerdos sobre cualquier asunto de su competencia público o privado, sucederá de forma democrática por consenso unanimidad o mayoría, de la pluralidad de personas o representantes de las entidades públicas.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Establecer que los empleados públicos para resolver de forma organizada toda cuestión vital para la comunidad sean estas públicas o privadas, deberán estar accesibles las 24 horas del día los 365 días del año, actuando en cada caso de forma inmediata aún y cuando el asunto no fuese de su responsabilidad directa, debiendo convertirse automáticamente en gestores oficiosos del asunto de que se trate, ante el organismo colegiado de toma de decisiones del Estado.

 

 

4.- ROTA LA REGLA DE LA CONCENTRACIÓN:

 

 

Al haber vacío político que diluye el poder de mando de los mandatarios, el Estado no dispone de una capacidad de respuesta integral, forzosamente debemos concluir que: (A) se halla limitado en cuanto a su Poder, y, (B) se halla imposibilitado de cumplir con la totalidad de sus funciones.

 

La regla de la “concentración del poder” establece que: La actividad política plena requiere la disposición plena del poder político. En la medida en que el poder político se halle restringido o condicionado, la actividad política se verá impedida de desarrollarse plenamente. El Estado tiene que cumplir con las funciones de conducción, síntesis y previsión que lo legitiman. Pero, para poder cumplir cabalmente con estas funciones, no debe tener a priori denegado el acceso a los niveles de decisión que hacen a las cuestiones vitales para el organismo político; y, finalmente, para que estas decisiones sean realmente soberanas y completamente responsables, su poder no debe estar coartado por compromisos, trabas o impedimentos, por ejemplo, en materia económica tenemos que se le haga imposible actuar en beneficio de la integralidad del conjunto social. – por ejemplo en materia política  tenemos que el centro verdadero del poder no es como se concibe en el “código político”, tal poder o autoridad del pueblo se ha degenerado peligrosamente desplazándose hacia la voluntad de los partidos, los hechos nos indican que el poder (delegado) tampoco radica en los representantes en virtud de que éstos han permitido que quede segmentado, coartado y disperso pues ya sea por vías formales o informales, el poder político no está concentrado en los servidores públicos, es decir, no hay la deseada integralidad del poder en los nominados por elección popular por el vacío de poder que al efecto generan los dirigentes o dueños de los partidos que propician un fenómeno al que se le llama “partidocracia” y que consiste esencialmente en dos circunstancia.

 

A.- La substitución de los partidos en el papel del Estado: Sus características son: La pérdida de independencia de los representantes populares; _ El sacrificio de la capacidad de los representantes en busca de una mayor disciplina de partido; _ La transferencia de la voluntad popular a la voluntad partidista; _ La deshumanización de los representantes de elección que se convierten un mero instrumento de votación para los partidos; _ La devaluación política de la asamblea legislativa; _ El desarrollo del proceso real de legislación y de acuerdos parlamentarios fuera de los recintos propios para ese efecto; _ La falta de control real sobre el gobierno; _ La confusión de los poderes del estado; _ La pérdida de funciones reales de las cámaras de representantes; _ El deterioro de la vida política local por la imposición de criterios partidistas; _ La monopolización de la actividad política que impide la creación y competitividad equilibrada de los partidos en el ejercicio del poder; y, _ La consolidación monopólica de una administración que impide un pluralismo efectivo.

 

B.- La desintegración del Estado: Sus características son: Un pluralismo caro y desquiciante, en donde no se logra una coalición mayoritaria, solo un proceso legislativo fragmentado y caótico; _ La paralización de la acción de gobierno; _ Un vacío de poder; y, _ La carencia de un proyecto definido de gobierno. El desplazamiento del poder institucional del Estado hacia los partidos es: La democracia degenerada en el poder oligárquico (el gobierno de unos pocos) de uno o más dirigentes o dueños de los partidos.

 

¿Qué es un Estado Partidocrático? “El estado partidocrático, es aquél en el que el poder resulta monopolizado, más o menos legítimamente por un partido o por una pluralidad de partidos aliados, lo que da lugar a que éstos, no lo substituyan, ni coadyuven con él en el ejercicio del poder, sino que, al disputárselo lo invalidan y lo descuartizan”.

 

Bajo las anteriores condiciones, la sociedad civil y los sirvientes mantienen una relación de divorcio pues, el poder no dimana del pueblo, sino del gobierno, éstos (los gobernantes) no se sienten comprometidos con aquellos (los gobernados), prefieren jurarle obediencia incondicional, fidelidad y lealtad absoluta a los dirigentes y dueños de los partidos políticos, ésta relación de fidelidad no desaparece, la voluntad de los ya convertidos en “representantes” sirvientes, sigue sometida a los dictados de unos pocos, manteniéndose así un indebido control sobre la voluntad de los políticos.

 

Los partidos políticos no son órganos del Estado, tan es así que, como referencia se retoma el sentido de la sentencia número 10/1983 del Tribunal Constitucional Español de fecha 21 de febrero de 1983, que en su parte conducente resuelve lo siguiente: “Se impide a los partidos invadir la autonomía propia de los representantes del pueblo en los órganos parlamentarios, sin importar que hayan sido sus promotores, pues la investidura popular recae sobre los candidatos, no sobre los partidos que los presentan y éstos no puede privar o sustituir a los electores de su mandato”; es decir, en el Congreso de la Unión, las facciones parlamentarias no tienen razón de existir; la independencia y autonomía de los representantes con relación a los partidos que los postularon debe quedar garantizada en la propia ley.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Configurar la instauración del nuevo sistema político de la DEMARQUÍA, para impedir que grupos de poder o fuerzas negativas fácticas (no visibles) de cualquier naturaleza interfieran en las labores públicas, en el pensamiento o en la toma de decisiones de los empleados o funcionarios del Estado, es preciso enaltecer la importancia de la independencia de los funcionarios públicos por lo que dado el caso de que algún ciudadano sospecha de la independencia o autonomía de alguno de ellos, deberá acudir ante el órgano superior jerárquico más próximo a su domicilio para hacerlo saber verbalmente de lo cual se levantará el acta correspondiente, en este caso la institución conocedora abrirá un procedimiento especial sobre el particular, para determinar y sancionar la responsabilidad sobre la injerencia arbitraria del partido, de sus militantes o de tercero extraño sobre la voluntad del servidor público.

 

 

5.-ROTA LA REGLA DE LA SOBERANIA DEL PUEBLO:

 

 

El pueblo de México ha tenido varios gobiernos golpistas, y varios otros intrusos cómplices de los armados de la revolución trunca de 1910, aquellos que fundaron la dictadura del “partido único dominante” por más de 70 años, aunado a los gobiernos cómplices más recientes llamados “del cambio del 2000 y 2006”, todos ellos carecen del principio de la legitimidad, lo que ha quebrantado el mandato constitucional y provocado la nula vigencia de la autoridad nacional del pueblo sobre los sirvientes políticos.

 

La “Soberanía” del pueblo está íntimamente relacionada con el “contrato político” entre gobernantes y gobernados, tan es así que según el artículo 39 del tal “contrato” se describe como “el poder nacional del pueblo”,(poder que no consta configurado en escritura pública), poder que en la realidad es una absoluta falsedad ya que habiendo nombrando el pueblo a sus diputados, creerá ser todavía el soberano pero se engaña, porque pasada la nominación éste queda esclavo de sus representantes, de este modo en nombre del pueblo soberano los elegidos se hacen absolutamente señores de todo, ellos querrán gozar de más derechos que los de sus amos de la sociedad civil, desplazaran las normas legales, venderán, saquearán, devastarán, asesinarán, tendrán profesores que enseñen sus derechos para gozar de una cultura pública que afiance su libertinaje desmedido, de aquí tienen lugar las revoluciones, los mítines y las matanzas entre gobernantes y gobernados, ¿quién ha de arreglar esas diferencias?, ¿los propios gobernantes?, no pueden ser juez y parte interesada, ¿de qué sirve el contrato político si este no se respeta?, ¿será acaso un contrato de adhesión a una fantasía?, o, si es verdadero, ¿en qué momento les toca a los nuevos ciudadanos expresar su conformidad o inconformidad con él?.

 

En teoría se entiende que un pueblo “soberano” está en posesión de una omnipotencia social: Todos los derechos son suyos; de lo contrario no sería omnipotente; y no siendo omnipotente no sería soberano. Por la misma razón todas las obligaciones están fuera de él; porque si el tuviera alguna obligación que cumplir, sería súbdito: soberano es el que manda, súbdito el que obedece; soberano es el que tiene derechos, súbdito el que tiene obligaciones. Así el principio de la soberanía popular, que es un principio ateo, es también un principio tiránico, por que dónde hay un súbdito y no tiene derechos, y un soberano que no tiene obligaciones, hay tiranía.

 

El ser humano en contacto con los demás hombres (relaciones generacionales históricas), tuvo la necesidad de la “igualdad”, y por consiguiente la de derechos recíprocos y limitados: entonces sintió la necesidad de una regla que presidiera a su reciprocidad y a su limitación: esta regla es la justicia. Ahora bien, el principio de la soberanía popular no reconoce reciprocidad en los derechos ni limitación en las obligaciones. La idea de justo desaparece donde hay señores y esclavos: de aquí resulta que el principio de la soberanía siendo ateo y tiránico, es también un principio inmoral, por que destruye la justicia. Es tan cierto que la justicia y la soberanía popular no pueden coexistir en el mundo, que, reconocida la existencia de la primera, queda aniquilada la segunda, porque si el pueblo solo puede hacer lo que la justicia le exija, el pueblo es súbdito y la justicia es soberana, ante esta verdad, la soberanía del pueblo es un absurdo.

 

Si la soberanía reside en la voluntad general, y la voluntad general es la colección de las voluntades particulares, todos los individuos deben tener una parte de poder soberano: si el poder soberano no se realiza sino por medio de las leyes, todos los individuos aún los menores de edad deben tener una parte activa en la confección de las leyes.

 

Los ignorantes por ejemplo, tienen los mismos derechos que los sabios, porque tienen una voluntad como ellos: las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, porque tienen una voluntad como ellos: los niños tienen los mismos derechos que los padres, porque tienen una voluntad como ellos: los proletarios tienen los mismos derechos que los poderosos, porque tiene una voluntad como ellos: en fin, los dementes deben reclamar una parte de su soberanía, porque al negarles el cielo la razón, no los despojo de la voluntad, y la voluntad les hace soberanos también.

 

Las constituciones políticas, no han de ser jamás la expresión de la razón ni de la expresión de la voluntad general: Por ejemplo: Todos los congresistas están en un foro: la voluntad se ha verificado ya: su resultado es, que por la mitad más uno de todas las voluntades se haya aprobada una ley.

 

Según la teoría de la soberanía popular, esa ley no obliga sino a los que la han votado: la voluntad es inenajenable, porque su enajenación sería un suicidio: una voluntad que se somete a otra voluntad se enajena (se vende), y enajenada se aniquila. ¿Qué es entonces la soberanía del pueblo?; según la constitución política actual, es un absurdo, un imposible.

 

Lo cierto es que, concluida la etapa de una elección, el candidato congresista electo se va con su voluntad, y tiene la posibilidad de hacer con ella lo que le parezca sin contar con el consentimiento de quien lo eligió, en cambio el elector se queda con la suya sin saber que fue engañado. Nada más ridículo que reconocer en el pueblo un poder que ni es capaz de concebir, le es imposible discernir y mucho menos aplicar.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Configurar la modificación del nuevo sistema político de gobierno basado en la DEMARQUIA, esto para afianzar la soberanía o autoridad de la gente, por lo que solo bastará que el ciudadano que se vea afectado por un acto de un servidor público de cualquier nivel de mando, acuda ante el organismo jerárquico más próximo a su domicilio con las evidencias tangibles necesarias, a solicitar verbalmente la revocación del contrato o mandato de facultades, para que sin demora será separado de su encargo, debiendo llamar al siguiente en la lista de prelación.

 

 

6.-ROTA LA REGLA DE LA PERSEVERANCIA DE LA FORMA DE GOBIERNO:

 

 

El artículo 40 del “contrato-mandato político constitucional” establece para el pueblo mexicano un sistema de carácter democrático, aquel que es relativo al cuidado de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las “clases populares”. Popular como sinónimo de la gente común, pública, ordinaria, genérica, universal o general de una nación. Para identificar el tipo que comprende las clases “populares” diremos que se trata de la gente de las clases obrera, campesina y urbana, (las que viven de su fuerza de trabajo), lo contrario de las clases “selectas,” (las que viven del capital).

 

Las asociaciones políticas, (partidos) tratan de convencernos de que sus candidatos habrán de ubicar su actuación al tenor de la forma prescrita en el contrato constitucional, pero, en verdad no es así, para comprobarlo basta ver las estadísticas sociales, políticas, económicas y culturales que guardan las referidas clases populares. Un régimen democrático supone un régimen de tipo socialista, no obstante, si es que establecido (convenido) está que los servidores públicos deben actuar bajo los lineamientos del contrato político del artículo 40 referido, entonces: ¿Por qué actúan en formas contraria”?

 

Aquí tenemos un conflicto que supone la ausencia de la perseverancia, tenacidad, fidelidad y persistencia de la forma de gobierno convenida en el artículo 40 del contrato constitucional. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué entró en vigencia otra forma de gobierno diferente llamada de mayoría relativa y representación proporcional?, ¿por qué los electores siguen engañados y convertidos en soldados de una guerra artificial?, ¿qué pelean los electores de las clases populares?, ¿qué acaso no debe quedar convenido así por las mayorías?, entonces, ¿habrá que reformar el artículo 40 para darle legitimidad a la nueva forma de gobierno?, pero, ¿cuándo sucederá esto?

 

Así las cosas y peor aún, al no haber orden, certeza y legalidad en las reglas del mandato, no puede haber seguridad en la salvaguarda de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales de las clases populares, entonces, si en la dirección del país solo hay territorio y población, pero no hay un gobierno representativo del pueblo, queda irremediablemente abatida la naturaleza que le da un sustento y equilibrio a la vida de la comunidad.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Establecer con claridad en el artículo 40 constitucional, si la forma de gobierno, forma de estado o forma de sistema político por la que se rige nuestro país, es bajo alguno de los sistemas en particular: capitalista, socialista, comunista, parlamentarista, imperialista, monárquico o de otra naturaleza, precisando desde luego sus características, de manera tal que no quede al arbitrio de los gobernantes en turno implantar el que sea de su mayor agrado o conveniencia.

 

 

7.-ROTA LA REGLA DE LA LEGITIMIDAD:

 

 

Consiste en el no cumplimiento con las funciones del Estado en franco desacato al mandato constitucional y al carácter obligatorio de la función pública.

 

Los mandamientos del “contrato-político” y de las leyes que de él emanan, los “representantes” populares paulatinamente han desatendido cumplir con lo convenido, descuidando brindarles bienestar a las clases populares, (la obrera, la campesina y la urbana) por el contrario, mantienen oídos sordos y por acción u omisión, se han venido apartando de procurarle calidad y eficacia a la organización del cumplimiento de sus respectivas actividades.

 

Las diversas representaciones populares de gobierno, llámense nacionales estatales y municipales, aún las más recientemente llamadas “del cambio 2000 y 2006”, han ignorado consagrar el desarrollo de las facultades del ser humano, poner en práctica el amor a la patria, la conciencia de solidaridad basada en la independencia y en la justicia, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos y los prejuicios, bajo un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social, político y cultural, comprender los problemas, defender la independencia política de su nivel de gobierno, incrementar la cultura bajo una mejor convivencia humana, guardar aprecio a la dignidad de las personas y la integridad de las familias, inspirándose en ideales de fraternidad y justicia, brindarle orden y racionalidad a la ciudad conforme a los planes y programas para el desarrollo urbano de manera tal que ésta, represente un lugar con expectativas de bienestar.

 

Se ha incumplido con al deber de garantizar la libertad, la seguridad, tranquilidad, moralidad y el orden. Han invalidado el desarrollo equilibrado de los programas de salud, higiene y ecología y cometido desacato al deber de tutelar, proteger, conducir, ayudar, gestionar y procurar el bien común; en ocasión de esta iniciativa tan solo referiré aquellos que están en contravención con los artículos del “contrato político”, también de aquello relativo a la exigencia de orientar el gasto público a la atención de obras y servicios de mayor beneficio colectivo, aquellas que se distinguen por ser elementales y prioritarias para asegurar la sobrevivencia de una comunidad de personas.

 

Se ha desatendido hacer uso de la facultad de “corresponsabilidad” entre los diversos órganos de gobierno, en franco desacato a las reglas constitucionales. Se puede considerar que es contra el orden público que las representaciones que resultan de los diversos partidos, al ejercer el gobierno en las distintas jurisdicciones y jerarquías, incumplen su deber de corresponsabilidad, es decir, no cooperan entre sí, por el contrario, difieren con los demás de otros partidos y tienden a enfrentarse con mayor rigor a como lo hicieron antes en las campañas electorales, no se les olvida que fueron y siguen siendo adversarios de ideas y, generalmente utilizan de su autoridad para fracturarse y entorpecer sus respectivas atribuciones.

 

Lo anterior supone una conjunción de dos elementos pues, además del “interés jurídico”, es un “deber jurídico” el de desempeñar los cargos públicos de elección; por tanto, al existir derecho subjetivo (interés jurídico, facultad o potestad) dada por un orden jurídico objetivo (legislación) también regula la actuación particular del individuo imponiendo el elemento coercitivo, es decir, existe un poder de exigencia imperativo (de obligatoriedad) en base a un interés público en el que un cargo de elección popular es para el benéfico de la colectividad.

 

La omisión de facultades implica desobediencia al carácter obligatorio del de la función pública de los cargos de elección popular directa o indirecta lo que redunda en perjuicio del párrafo cuarto del artículo 5º del contrato-mandato constitución, que a la letra dice: “En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios, en los términos de las leyes respectivas, el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular directa o indirecta”.

 

Rafael I. Martínez Morales en su obra “Diccionario Jurídico Temático 3 de Derecho Administrativo” dice: “… el interés público es una limitante de la libertad individual, a efecto de que no se cause un perjuicio a la colectividad, de ahí que, es necesario el carácter obligatorio de la función pública para la realización de un fin común. La voluntad del representante de elección queda sometida al cumplimiento del interés general, y no puede estar en pugna el interés particular del servidor público, con el de la colectividad. El desvío o exceso del poder de la autoridad, no puede invocar razones de interés público; por tanto, si no se satisfacen estos requisitos habrá la posibilidad de obtener la ineficiencia”.

 

El incumplimiento de facultades de los “servidores públicos” en todo caso, conlleva perjurio, perfidia, traición, mentira y falsedad al juramento exigido en la Constitución. Este juramento tiene un valor esencial, dado que aquel que rinde la protesta, está prometiendo y poniendo de testigos a Dios y a los presentes de que por su honor y su palabra dan la prenda que habrá de cumplir su encomienda. Lamentablemente con o sin juramento podemos concluir que, a los que conocemos como “políticos usurpadores” no les favorece la esencia de ser diestros en el arte de la conducción del gobierno, ni haber puesto las instituciones del Estado al servicio del pueblo. En virtud de que los cargos públicos de elección directa o indirecta son obligatorios, todo incumplimiento implicará responsabilidad patrimonial de los sirvientes responsables.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Configurar la modificación del sistema político de gobierno demárquico para que tan pronto la instancia jerárquica superior haya resuelto el procedimiento contra un funcionario público para la separación de su cargo, el Estado de inmediato ejercitará la acción de responsabilidad patrimonial y judicial que le resulte contra el ex funcionario de que se trate, por el pago de los daños o perjuicios ocasionados.

 

 

8.-ROTA LA REGLA DEL ORDEN PUBLICO:

 

 

El orden público tiene por objeto la protección legal de los intereses, de la moralidad, de las costumbres, de la seguridad de la sociedad civil en cambio, se han venido sucediendo acciones y omisiones de los “políticos sirvientes”, las que faltan al cumplimiento de sus obligaciones por salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del servicio, lo que propicia un desorden a la tranquilidad y el sosiego en perjuicio del interés general.

 

Es contra la moralidad, las buenas costumbres que los “políticos sirvientes” cometen violencia en contra de las disposiciones de orden público pues, desatienden la mayoría de las prohibiciones que se encuentran establecidas en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, aquella que se creó como un cerco para limitarles su irregular comportamiento.

 

Sobre el Título Cuarto del mandato constitucional, relativo a las “responsabilidades”, resulta nula la eficacia del “Sistema de Medios de Control estipulado en el contrato para Regular el comportamiento de los Servidores Públicos”, se ha comprobado que no son eficaces las instituciones y procedimientos encargados de aplicar el “Sistema de Medios de Control de los Servidores Públicos”, aquel que fue creado para contener el irregular comportamiento de los servidores públicos; las instancias, las leyes, el juicio político, el de responsabilidades, el de desafuero, el de amparo, el juicio administrativo, civil o el penal; ellos los políticos, son asociados (socios de interés) de tal manera que, los medios de control legal están al mando de la misma membresía, (hermandad) de otros asociados y así todos confabulados, tienen asegurada la dispensa (impunidad) de sus infracciones.

 

La corrupción y la impunidad proveniente de los representantes, aquella cometida por acciones u omisiones, se debe al descuido derivado del paulatino relajamiento de los superiores jerárquicos encargados de supervisar el cumplimiento de facultades de los subordinados, y su complicidad en al omitir su obligación (deber) de denunciar y castigar severamente y de manera ejemplar tales conductas indebidas, lo que supone la hipótesis de presunta delincuencia pública organizada.

 

Los sirvientes de los partidos han dejado de atender los principios la honradez, la lealtad, la eficiencia en el servicio como principios rectores de la función pública, han propiciado un ambiente de corrupción, autoritarismo, desvío de poder, ultrajes a las instituciones y la forma de gobierno, lo que necesariamente acarrea responsabilidad y desorden público.

 

Perdida la rectoría del desarrollo nacional irremediablemente queda desvanecida la soberanía y su régimen democrático, se estanca el fortalecimiento del desarrollo del crecimiento económico, el empleo, la justa distribución del ingreso y la riqueza, se cuarta la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad debiera estar protegida.

 

El desarrollo nacional ya no se funda en el principio de responsabilidad social, queda menoscabadas las formas de actividad económica que contribuyen al desarrollo nacional, el estado deja de conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, y de regular el fomento a las actividades que demandan el interés general cambiando el marco de libertad por el de la opresión de las clases populares para abrirle paso a las clases selectas.

 

LA REPARACION CONSISTIRÁ EN: Para eludir cualquier posible desorden público con carácter de rebelión armada, y si tomamos en cuenta que son las armas el elemento vinculatorio de una hipotética desestabilización social, mismas que nos pueden conducir al caos generalizado, se impone que su resguardo y custodia quede en lo sucesivo, a cargo de las Contralorías de cada Estado en vez de las fuerzas armadas y del orden, almacenadas en contenedores especialmente dispuestos y bajo el resguardados efectivo en lugares seguros.

 

 

9.-ROTA LA REGLA DE LA SEGURIDAD JURIDICA:

 

 

Con el fin de que la persona, la familia, las posesiones, los bienes y derechos de los gobernados encuentren “protección” ante injerencias arbitrarias por parte de los gobernantes, se establecieron salvaguardas para la correcta aplicación de la ley que se llaman “garantías de seguridad”, son fianzas (certezas) (palabras de honor) que dan los gobernantes de procurar que los civiles no caigan en estado de indefensión o la incertidumbre jurídica, haciéndole en todo posible la igualdad y la libertad.

 

Son derechos públicos los “reclamos” de los civiles que se hacen valer frente a los gobernantes cuándo éstos no cumplen sus deberes.

 

Es el hecho mismo de que las autoridades se subordinen a la estabilidad que demandan las reglas establecidas en la ley, en cambio su actuación degenera en condiciones de indefensión, desigualdad y de afectaciones de las libertades civiles.

 

Ejemplos del “estado de indefensión civil” tenemos algunos como los siguientes artículos constitucionales: Artículo 8º.- Al “derecho de petición” que debe tener una respuesta en breve término, ante él se obtiene la cerrazón de la autoridad y hasta en el más mínimo reclamo se hace uso de la fuerza pública. Artículo 14.- Al “derecho de audiencia” que consiste en primero ser escuchado, se obtiene la prisión preventiva, el embargo precautorio, el arraigo, el ilegal libre arbitrio del juzgador en materia civil, etc. Artículo 16.- Al “derecho de autoridad competente” le viene en contraprestación actos de molestia contra el particular de cualquier autoridad y detenciones hasta sin orden judicial. Artículo 17.- Al derecho de “expedita y eficaz administración de justicia” recibimos el infamante despotismo, la corrupción y la arbitrariedad del aparato judicial. Artículo 21 al derecho de que “el Ministerio Público investigue y persiga los delitos” vemos en las estadísticas que, en 8 de cada 10 delitos no sucede así.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Se propone la creación de un Organismo Supervisor de la Seguridad Jurídica, que se encargue de vigilar permanentemente (diario) el cumplimiento de las facultades conferidas en la ley a los servidores públicos, sin necesidad de que hubiese mediado queja en contrario. La seguridad jurídica de que las disposiciones de la ley se cumplan, estará a cargo de un organismo equivalente a un capataz de obra o supervisor, quién vigilará que los funcionarios no se relajen paulatinamente en sus tiempos y responsabilidades para los que fueron contratados.

 

 

10.-ROTA LA REGLA DEL EQUILIBRIO SOCIAL DE CLASES:

 

 

El propósito esencial de la existencia del Estado, del contrato de mandato, y de las autoridades, consiste en concretar un equilibrio social de las diferencias que surgen entre la clase popular y la selecta.

 

Efectivamente, a través de los planes o programas de los políticos, “los expertos en el arte de gobernar y las tareas del Estado”, velan las garantías o derechos sociales contenidos en la constitución, les obliga a preservar el “equilibrio” a una clase social y económicamente inferior y a sus integrantes, ya no frente al Estado y sus autoridades, sino ante la clase social pudiente. Me refiero a los artículos constitucionales 3º de educación; 4º párrafos tercero, cuarto y quinto de salud, medio ambiente adecuado y vivienda; 21 párrafos quinto y sexto de la seguridad pública; 27 de la propiedad, bienes nacionales y el agro mexicano; y 123 de los trabajadores y la seguridad social del proletariado. Ahora bien, en los hechos tenemos que la educación que imparte el Estado, no tiene un equilibrio de calidad igual, o al menos semejante a la que reciben las personas de la clase selecta, lo mismo sucede en materia de salud, medio ambiente, vivienda, seguridad pública, propiedad, bienes, agricultura, trabajo y seguridad social. A pesar de lo que digan los sirvientes, quienes por cierto han cobrado muy bien por no hacer nada, aún existe una clara diferenciación que nos indica visiblemente que no hay tal “equilibrio” (igualdad, mismo nivel).

 

LA REPARACION CONSISTIRÁ EN: Evitar que se ahonden las diferencias entre las clases sociales, por lo tanto, el Estado deberá encargarse de suministrar sin costo las tres necesidades básicas generadoras del desequilibrio social y que son las de alimento, vestido y vivienda, lo cual permitirá mantener un saludable equilibrio. Se visualiza un Estado agricultor, maquilador y constructor.

 

 

11.-ROTA LA REGLA DE LA IGUALDAD EN LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS INDIVIDUOS EN EL PROYECTO DEMOCRÁTICO NACIONAL:

 

 

La Constitución legítima de 1857 previene en su artículo 35 lo que textualmente dice: “Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares. II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establezca”.

 

Así, entendemos que la Constitución que está por encima de las leyes secundarias que dispone en su artículo 35 fracción II, que los ciudadanos tienen la potestad o prerrogativa (derecho reconocido por la ley) no tan solo de votar (Derecho Activo, de actuar, de dar un voto),sino también de ser votados (Derecho Pasivo de recibir votos), no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce como derecho subjetivo; esta facultad es propia de las personas, (de los seres humanos) es decir, el interés jurídico es de los individuos (del hombre en sociedad), compete al patrimonio de sus bienes jurídicos, es parte de sus derechos políticos como ser humano en sociedad.

 

Para ejercer esta prerrogativa la ley le es facultativa no limitativa, es decir, no obliga a los ciudadanos a tener alguna membresía o ser patrocinado por alguna Asociación Política como requisito para ser candidato a un cargo de elección directa o indirecta, por el contrario, el legislador contempló también la hipótesis legal para los casos de los candidatos, formulas o planillas sin registro.

 

Sobre la “democratización de la democracia”, y la nula igualdad de oportunidades en la recaudación de derechos políticos electorales de los ciudadanos independientes de partidos, podemos decir que, si trataremos de esclarecer el sentido de la visión que el legislador puso en las leyes de los intrusos, como es el caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en su Título II Capítulo Quinto del Artículo 205  fracción 2 inciso j, respecto del contenido de las boletas electorales dice: El Artículo 205 (Reformado, D. O. 24 de septiembre de 1993): Fracción 2 decía: Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán: (ADICIONADO, Diario Oficial de 22 DE NOVIEMBRE DE 1996) j) Espacio para candidatos o fórmulas no registradas.

 

La inclusión del texto “espacio en las boletas electorales” nos da la idea de que en verdad los ciudadanos comunes y corrientes pueden ser candidatos no registrados, pueden participar en un proceso de elección, aún y cuando éstos no estén patrocinados por algún partido, dejando abierta la posibilidad de poder sostener legalmente una candidatura sin registro, es decir, independiente.

 

El artículo 279 fracciones I de la entonces ley del LGIPE permite al elector anotar en la boleta el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes: (REFORMADO, Diario Oficial de 22 DE NOVIEMBRE DE 1996) inciso c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.

 

Examinada la pugna entre los gobernantes y los intrusos del Estado por reconocer el “Principio de Igualdad de Oportunidades” en el ejercicio y recaudación de los derechos político electorales a favor de los ciudadanos independientes de partidos políticos está a la orden del día, pues, una de las desdichas de éste país (México) ha sido precisamente el error de confiarse de esa engañosa y falsa “facultad concurrente” por la incredulidad de las personas (civiles) en permitir que los “corredores de los partidos” anden por delante en nuestro camino comerciando y negociando nuestros bienes jurídicos, aquellos que son herencia y patrimonio legado por nuestros ancestros.

 

La “facultad concurrente” a que se refiere la teoría de los artículos 35 fracciones I y II y 36 fracción III de la Constitución, – es un derecho y una obligación- por ende, el ciudadano se encuentra facultado y obligado para acudir a un proceso electoral, pero tales disposiciones son omisas en decir si se puede acudir asistido por algún partido, pues tiene a su favor también, el legítimo derecho para tener divergencia o rivalidad respecto de las fórmulas políticas que se le ofrecen, y por ende estar en libertad de optar mejor por competir, rivalizar, o contender en la justa electoral eludiendo, cualquier apoyo o patrocinio de intermediarios.

 

Se trata de garantizarle a todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que no pertenecen a una Asociación Política o “partido”, la concesión como prerrogativa del principio rector de “igualdad”, pero, no la igualdad en lo referente a la equidad de género, ni mucho menos la igualdad de oportunidades por razón de su sexo, sino de aquella que es necesaria para hacer realidad el proceso democrático en materia electoral, es decir, la que hace necesario legislar para hacer realidad 3 principio como son los siguientes:

 

1.- El principio de igualdad en la votación;

2.- El principio de igualdad en la participación efectiva (segura, verdadera, real) y,

3.- El principio de igualdad en la inclusión de todos los individuos en el proyecto democrático.

 

La concesión del principio de “igualdad”, para tener “seguridad jurídica” de que en nuestra calidad de ciudadanos comunes y corrientes estamos siendo convocados a un proceso de elección comicial, ya que tenemos derecho a recibir en igualdad de condiciones y oportunidades frente a los candidatos de los partidos, para tener la seguridad jurídica de que se reconocerá como valido cualquier sufragio emitido por el elector a favor de los candidatos no registrados.

 

La concesión del “principio de igualdad de participación” en la inclusión de todos los individuos en el proyecto democrático, para tener la seguridad jurídica de que los ciudadanos pueden individual y libremente promover su propia candidatura a cargos de elección popular sin la necesidad del patrocinio de algún partido. Lamentablemente en muchas elecciones municipales, locales y recientemente nacionales varios ciudadanos han propuesto su candidatura bajo estos lineamientos legales, con la determinación negativa de los intrusos de la Suprema Corte de admitir tal figura electiva.

 

Lo que se pretende lograr, en todo caso, es garantizarles a los integrantes de la sociedad civil en general, la “seguridad jurídica” del ejercicio de sus derechos políticos electorales, a todos aquellos ciudadanos que individual y libremente hayan optado por no afiliarse ni ser patrocinados por algún partido político, ante el acontecimiento de los procesos comiciales, y que mejor prefirieren promover su candidatura sin registro y sin la intermediación o patrocinio de algún partido.

 

Según la legislación los “partidos” políticos son entidades de interés público y tienen derecho a participar en las elecciones constitucionales de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de Ayuntamientos…  Ese derecho como su propia palabra lo indica, se limita a una simple “participación” o (colaboración, intervención, adhesión), colaboran, contribuyen, cooperan, pero en nada se asemeja con el derecho de los ciudadanos a participar directamente en el ejercicio de sus derechos políticos como personas o individuo en sociedad.

 

Recordemos a Máx. Weber, que en su libro “Economía y Sociedad” dice: “Los partidos políticos son sólo un medio para hacer efectivo el principio democrático, no son la única vía para ello, ni pueden sustituir la intervención directa de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos”.

 

Los partidos como “medio”, manera, procedimiento, forma, no son la única vía en la concreción del principio democrático por el que se accede al poder. Entonces, ¿cuál será pues la otra vía? la respuesta es, sin lugar a duda, las candidaturas no registradas.

 

Como una vieja convicción hemos tenido un “Régimen de Sistema de Partidos”, ideado por lo intrusos como medio para lograr el principio democrático; así, y pasado el tiempo, bajo la rectoría de este “sistema” se hace necesario hacer una pausa para reflexionar que tanto hemos aprendido de él, y si es importante afrontarlo. También, y para planear el futuro es necesario saber cuáles y cuantos son los errores que se han cometido en el pasado bajo ese “sistema”, por lo que se hace necesario examinas que tanto es importante que la Sociedad Civil integrada por ciudadanos, tengan la misma posibilidad en condiciones de igualdad de ser beneficiaria del reconocimiento de la validez de los votos emitidos a su favor como candidato no registrado cuando el elector haya optado por marcar las boletas electorales en el espacio destinado para candidatos, fórmulas o planillas no registradas.

 

Está bien claro que si solo convocarse a los partidos políticos a un proceso comicial, se pierde el sustento del sentido de la convocatoria pues, se convoca a quienes no son titulares de ninguna prerrogativa original, esencial, fundamental, básica, o necesaria como ingrediente principal que nos dé la certeza jurídica de que verdaderamente se está haciendo del conocimiento de los legítimos y posibles interesados en ejercer su derecho, sino que, por el contrario, se hace la cita, el llamado o el edicto correspondiente, a quienes no ostentan derechos políticos para recibir votos, pues los beneficiarios son los candidatos (personas físicas) no los partidos (personas jurídicas o morales) que en realidad son meros intermediarios, negociantes, traficantes con facultades meramente de apoyo, de colaboración (contribuir, ayudar, auxiliar, cooperar) como su etimología lo indica del térmico “COLABORAR” proviene de “COL” prefijo de “cola” : de “cola-rabo”, o parte final o trasera de algo; y “LABORAR”, labrar, trabajar para algo o para alguien. Entonces: ¿Qué sentido tiene convocar a los ayudantes, a los apéndices, a los interlocutores, mediadores, mercaderes o árbitros tratantes de los asuntos para lo que solo incumben a los ciudadanos como personas titulares del derecho?

 

Así las cosas, se aprecia que los partidos y sus candidatos mantienen una relación de divorcio con la mayoría de la Sociedad Civil, no encontramos ante una crisis de participación que origina una crisis de legitimidad que nos arroja como resultado representaciones populares electas por simples minorías.

 

Recordemos lo que sostiene Jorge Vera Estañol, en su libro, “Al margen de la Constitución de 1917”; que dice: “Cuando la opinión pública no se manifiesta en los comicios; más que esto, deja de hacer oír su voz en todos los momentos con relación a todos los actos importantes de la administración, la comunidad de ideas entre el pueblo y sus representantes insensiblemente va desvaneciéndose, las fuerzas que mantienen los lazos de dependencia y responsabilidad, se relajan paulatinamente; y si el silencio se prolonga el gobierno acaba por sentirse independiente, irresponsable, infalible, omnipotente. La democracia resulta entonces una quimera; (un sueño, una ilusión) la autocracia (tiranía-dictadura) vestida con falsos ropajes, en la realidad: El gobierno es amo y no servidor; hace los comicios, en vez de que los comicios hagan el gobierno”.

 

La crisis de participación en los procesos electorales refleja el desencanto de la Sociedad Civil respecto del “Régimen del Sistema de Partidos” y también nos da una prueba bien clara de que éste se encuentra en la fase final de su decadencia, pues según resultados que arrojan las elecciones próximas pasadas en donde el gran triunfador en el proceso de elección fue el abstencionismo.

 

Para calificar el esfuerzo que hacen los partidos más pequeños cuando participan en los procesos electorales, resultan críticas muy serias en las que cualquier voto a su favor se le ha dado en llamar “votación inútil” o elección inútil. Se ha podido comprobar que el interés de estos partidos es artificial pues su única labor consiste en trabajar hasta donde pueden lograr sostener el nivel de votación requerido por la ley, que les alcance para conservar su registro y los beneficios del presupuesto público.

 

Por otra parte, la votación “diferenciada” (dividida) pone de manifiesto la división de la Sociedad Civil que se deja seducir por tal o cual partido, es el caso que después de un proceso de elección dividido, los electores cosechan rencores y frustraciones muchas veces insuperables que dan lugar al fenómeno al que se le ha dado en llamar “abstencionismo electoral”. Se puede considerar que es contra el interés público que una sociedad se divida en fracciones cuando se sucede un proceso de elección, igualmente es contra el orden público que después de un proceso de elección florezcan los rencores y resentimientos entre los electores, de la misma forma es contra el interés general que la sociedad civil no está legítimamente representada cuando sus sirvientes obtuvieron el triunfo electoral por la decisión de las simples minorías equivocadamente llamadas “mayorías relativas”.

 

La vía de las elecciones un ciudadano común no tiene garantizada la “igualdad de participación”, estando por consecuencia excluido de participar en la vida política y democrática del Estado, obliga entonces, como medida para encontrar una salida a la difícil situación a hacer algo, cancelar cualesquier compromisos con los partidos y con las convocatorias que hacen estos y las instituciones electorales de los intrusos, es decir, en atención al “derecho natural” de la no existencia de regulación de la autonomía de la voluntad  y la libertad de los particulares para pertenecer o dejar de pertenecer a un partido, se está en absoluta libertad (si es su deseo), para dejar de hacer uso de esa “facultad concurrente” eludiendo cualquier compromiso con los partidos y las instituciones encargadas de la organización de las elecciones.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Garantizar la igualdad de participación y la inclusión de todos los individuos (aun los menores de edad) en los procesos democráticos, implantando una nueva forma de elección más altamente democrática llamada “demarquía”, pues esta forma de elección demárquica no se hace distinción alguna en el acceso al ejercicio de los cargos públicos de elección, es aleatoria (por sorteo) y desde luego menos costosa.

 

 

12.-ROTA LA REGLA DE LA AUTÉNTICA REPRESENTATIVIDAD POLITICA:

 

 

Decía Montesquieu: “el pueblo solo debe hacer aquello de que es capaz: elegir a quienes ejerzan su autoridad, pero es incapaz de ejercerla por sí mismo”.

 

El artículo 40 de la Constitución de 1857 estipula que: Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, …

 

La utilidad de la figura de la “representatividad” por mandato para el ejercicio del gobierno, descansa sobre el hecho de una voluntad mayoritariamente expresa del pueblo, y manifestada en una elección pública. En México no existe identidad entre los términos “representación-elección”, esta terminología no es tan perfecta, la “representación política” ha degenerado y desarrollado características propias que se apartan del derecho y se adaptan a la conveniencia de los intrusos como son: a.- Irrevocabilidad. b.- Irrenunciablemente onerosa. (Artículo 36 fracción IV Constitucional). c.- Irresponsabilidad de los mandatarios respecto de sus electores. d.- Representación de todo el pueblo y no de las minorías que los designan. e.- Carencia de voluntad general de todo el pueblo. f.- Refrendable cada determinado tiempo.

 

Sobre la presunta irrevocabilidad del contrato de mandato constitucional, tenemos que: basados en la carta de Querétaro que los intrusos revolucionarios impusieron en 1917, y con relación a su “pretendido carácter representativo”, tratadistas de derecho sostienen que jurídicamente son inexistentes todos los actos celebrados por los falsos representantes, pues si tomamos como referencia supletoria las normas de derecho contenidas en los artículos 1802 y 2583 del Código Civil para el Distrito Federal de aplicación supletoria, califican como “nulos” los actos realizados en nombre de otro por quien no es un legítimo representante, pues al faltar el consentimiento del mandante (voluntad del pueblo), se trata de una verdadera inexistencia en relación con el contrato constitucional, por ausencia de consentimiento, manifestado en un proceso de elección pública auténtico, nulidad que no puede convalidarse por el transcurso del tiempo, es decir, por prescripción.

 

Ahora bien, tratándose de un acto ejecutado por un “falso representante”, aunque de acuerdo con el artículo 1802 es nulo, a no ser que la persona a cuyo nombre hubiera sido celebrado lo ratifique antes de que se retracte la otra parte, debe estimarse que, por faltar el consentimiento del supuesto representado, en realidad se está en presencia de una verdadera inexistencia, de acuerdo con los artículos 1794, fracción I, y 2224 del repetido Código Civil. Ambas constituciones, (la legítima y la Queretana) que tienen el carácter de disposiciones de orden público (no privado) reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos público directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal hecha exclusión de los miembros de la Suprema Corte, los que no quedan ligados a ese tipo de mandato popular.

 

Invariablemente la representación del pueblo se adquiere mediante un “mandato popular” (consentimiento), y se legitima mediante la expresión en las urnas electorales de la voluntad general de la mayoría del pueblo. La concepción de este mandato, es similar al jurídico-privado, pues tiene las mismas consecuencias. Así las cosas, desempeñar un cargo de representación sin estar legitimado el derecho a desempeñarlo, es un claro fraude a la voluntad popular. Para renovar los poderes públicos no son legales los procedimientos que se estiman pacíficos como la consulta directa al pueblo, la ratificación por convenciones especiales o la reunión de asambleas cerradas llamadas “constituyentes” erigidas luego en colegio electoral, pues el único medio legal para representar legítimamente a un pueblo son las elecciones públicas ordinarias con base en las reglas previamente dispuestas en la Constitución de 1857 y en la Ley Orgánica Electoral de 12 de Febrero del mismo año. La auténtica representatividad bajo el sistema democrático se obtiene únicamente bajo el rigor de la fórmula matemática de la mitad más uno del total de los electores, sin embargo, al no poder llenar ese requisito, los intrusos idearon otros diversos principios, como el de “representación por mayoría relativa” y el de “representación proporcional”, fórmulas perversas que no son por nada la base contable del régimen democrático que exige la ley.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Decretar inexistentes de pleno derecho todos los actos, acuerdos o hechos que los gobiernos emanados de la o las rebeliones por ser contrarios a la constitución legítima de 1857 por carecer de auténtica representatividad, en particular la declaratoria de los organismos electorales que resolvieron como válidas las elecciones bajo el principio impuesto por la constitución particular de los revolucionarios llamado de “mayoría relativa”.

 

 

13.-ROTA LA REGLA DE LA INVIOLABILIDAD CONSTITUCIONAL:

 

 

La Constitución de 1917 es ilegítima desde el triple punto de vista jurídico, político y revolucionario. El mecanismo legal para haber reformado la Constitución de 1857 se encontraba establecido previamente en el artículo 127 del mismo ordenamiento que dice: “Artículo 127.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.

 

El procedimiento ideal para renovar los poderes públicos estaba establecido en el artículo 81 de la misma Carta de 1857 que consistía en la celebración de elecciones extraordinarias. Entonces tenemos que, la ilegal constitución de 1917 no fue hecha ni por el pueblo ni para el pueblo mexicano.

 

Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostienen lo siguiente: “La usurpación de Victoriano Huerta rompió el molde de la Constitución de 1857, ésta prácticamente quedó en suspenso, y sin aplicación en parte, pero no hubo ni hay ley alguna posterior que la haya derogara expresamente, por el contrario, los líderes de la revolución reconocieron su vigencia por lo cual existió como ley suprema, por más que la observancia de muchos de sus preceptos quedara en suspenso”.

 

Entre la Constitución de 1857 y la de 1917 no existe ningún lazo de unión, pues ninguno de los preceptos de ésta manda que se acepten los de aquella; ésta, establece un orden de cosas completamente nuevo”.

 

La Jurisprudencia de la Corte sostiene que: “No tiene validez la existencia de dos constituciones en una misma época, pues no existe ninguna ley valida que haya derogado (abolido, anulado o suprimido) a la Constitución de 1857, se le ha querido sepultar, pero, ni del texto de la de la de 1917 se desprende alguna referencia en ese sentido”.

 

La Constitución de 1917 jurídicamente no existe pues, no pudo surgir como una nueva Constitución que substituyera a la de 1857, por que la nueva no lo dice así, ni tampoco se señala en ella que la anterior quedase derogada. No pueden existir dos constituciones en vigor y observancia en la misma época. La Constitución impuesta de 1917 no fue hecha ni por el pueblo mexicano, ni para el pueblo mexicano. La Constitución de 1917 fue un aborto espontáneo de la sub-clase social minoritaria convertida en combatientes, y en sus obras se resienten las pasiones, los odios y los rencores de esa casta neo-militar. La Constitución Queretana de 1917 es un documento inválido que en nada altera los textos originales de la Constitución legítima de 1857”.

 

Lo anterior nos indica lógicamente, que los actos de una revolución no engendran efectos jurídicos válidos, es decir, no tienen eficacia, pues una revolución no está consagrada como una fuente del derecho positivo, tampoco puede ni debe romper al antiguo derecho para imponer sus propios puntos de vista, engendrados al amparo de su excitación política de la venganza contra el antiguo tenedor del poder. Ahora bien, no puede haber un vacío legal entre el poder que antes existía y la instauración del nuevo, es decir, no está reconocida alguna posible situación intermedia de “derrocamiento”, o “preparatoria” para la implantación de un nuevo régimen, además, y como es el caso de que los jueces no están en condición de hacer política, también lo es que están impedidos para ponerse al servicio de la arbitrariedad.

 

Con relación al pretendido principio teórico del “Poder Constituyente” que dijeron tener los impostores de 1917, no es tal, pues según los expertos en derecho como se sostiene en la obra de “Filosofía del Derecho” del maestro Luis Recasens Siches, establece lo siguiente:“….no toda substitución o reforma a la constitución representa una producción originaria del derecho, ni por tanto inaugura una nuevo sistema jurídico, ni tampoco por ende, determina una solución de continuidad respecto del orden anterior.  Una constitución puede ser modificada o substituida normalmente y legalmente, es decir, siguiendo para ello el procedimiento de reforma prevenido de modo explícito o tácito en la constitución anterior, esto es, en la que se modifica o reemplaza; y entonces en modo se rompe  la continuidad de la vida jurídica estatal, puesto que al anterior cimiento constitucional se superpone otro nuevo engarzado con él, fundado en él; de suerte que la validez de la nueva constitución no representa algo primitivo, no es algo radicalmente original, no es algo de nueva planta, sino que se deriva de la validez de la constitución precedente, la cual sirve de fundamento a la nueva”.

 

La supuesta reforma de la Constitución de 1857 hecha por los amotinados estaba limitada por barreras infranqueables: pudieron abarcarse una serie de puntos pero nunca el relativo a la titularidad legítima del supremo poder, es decir, para que una modificación constitucional pueda ser considerada como reforma legal y valida, y no como otro tipo de alteración diverso, era necesario también que se rescatara la titularidad original del supremo poder, aquel poder primitivo consagrado como legítimo que solo correspondía a la titularidad de quienes ejercieran legítimamente los tres poderes del Estado, con la anuencia del pueblo y que gobernaron hasta antes del golpe de Estado, pues los usurpadores no reunían tales presupuestos. Al no haber tal elemento de legitimidad, lo hecho en cuanto a la pretendida reforma a la constitución de 1857, no fue tal, pues negado el fundamento de su competencia legal, (facultad) constituye un nuevo sistema jurídico, sin conexión con el anterior, lo que representa una ruptura total del orden jurídico precedente, aún en el caso de que tales cambios se hubiesen sucedido en forma pacífica.

 

No puede haber ninguna incertidumbre sobre quién debe ser el titular del “poder constituyente”, nos queda claro que los impostores, no pudieron ni podrán nunca fundar en los principios generales del derecho positivo de la Carta Fundamental de 1857; el derecho de titularidad de su pretendido poder constituyente, eso corresponde al pueblo por la vía pacífica y no a los que se colocan en calidad de delincuentes y usaron de la fuerza violenta de las armas, pues de ser así las cosas, estaríamos expuestos a que cualquier maleante configurara a su modo las leyes generales.

 

El Poder Constituyente, sin embargo, jurídicamente existió y existe en manos de los creadores originales, deviene de aquella concepción democrática que compete a la comunidad nacional y que fundó las bases de la Constitución legítima de 1857 de modo plenario. El titular de ese poder es la nación mexicana, es el pueblo mismo o conjunto de sujetos que tenían conciencia de integridad nacional y voluntad de afirmarla.  En verdad, el poder “constituyente” y soberano del pueblo no está perdido, existe y puede ser activado, ese poder ni por equivocación, aunque muchos piensen lo contrario, ha estado en manos de unos cuantos líderes de maleantes impostores, pues según la teoría democrática clásica, el poder constituyente es competencia legítima de la soberanía nacional del pueblo y de los poderes instituidos legalmente, con el acuerdo a la voluntad de las mayorías, al amparo de la competencia de su legislación constitucional plena, indivisa, inalienable, permanente, intransferible e imprescriptible, la que permanecerá siempre en potencia latente frente a la imposición de cualquier otra a todas luces ilegítima.

 

Habrá quien se quiera sostener de la tesis doctrinal de la legitimación por “hecho delictivo consumado”, de los efectos jurídicos ocurridos por los actos de la revolución, pero tal postulado, no puede tener la validez pretendida cuando se sucedió la toma del poder alterando el orden público y realizando hechos contrarios a los principios del derecho, es decir, no se pueden anteponer los hechos delictivos a las disposiciones de orden público y menos aun cuando se busca la transformación de un régimen político de gobierno, dado que el derecho positivo no garantiza tal posibilidad.

 

No es raro que dos o más facinerosos, pistola en mano, detengan un transporte público y roben los valores de sus pasajeros y nadie de las víctimas se atreva a resistirse; tal es en gran escala el caso de México: Por ejemplo: Se puede decir que unos viajeros fueron tomados por sorpresa, no tenían armas u oportunidad de usarlas, y ante la vida o el dinero, prefirieron este último; mas aplicado al caso del pueblo mexicano que lleva largos años de estar sometido a la opresión de los usurpadores, ha sido suficiente el tiempo para reponerse de la sorpresa y hacer algo al respecto. ¿Cómo es posible?, se preguntan propios y extraños, que se siga imponiendo un gobierno por un puñado de usurpadores que hoy no van más allá de 640 aventureros entre diputados y senadores “engañadores farsantes” ante más de 123.5 millones de mexicanos.

 

Los delincuentes rebeldes autollamados “constituyentes” de 1917 que no fueron más de 128 personas, no pudieron tener tal investidura de representantes del pueblo, pues la potestad del poder soberano que tienen los individuos de un pueblo según el artículo 39 Constitucional es “INALIENABLE”, es decir, no se transfiere a nadie que pueda llamarse “representantes” cuando en verdad fueron y son auténticos delincuentes según la ley, de ahí deviene su ilegitimidad de origen.

 

Pensamos ingenuamente que los “sirvientes usurpadores” de antes, y sus cómplices que llegaron después, están bien muertos, o que ya no existen ni trabajan en el gobierno, siendo que en la realidad usurpan nuestro pensamiento, nos oprimen a su antojo. Si es una realidad que los “políticos muertos” y los intrusos que vinieron después, los que ya no están trabajando en el gobierno, siguen siendo señores y dueños de los vivos; pues en las escuelas gran parte del tiempo de enseñanza se emplea para explicar y aprender sus vicisitudes, aventuras, y vergüenzas.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Cumplir la misión constitucional establecida en el artículo 128 de la constitución de 1857.

 

 

14.-ROTA LA REGLA DE LOS PROCESOS ELECTORALES VALIDOS:

 

 

Son inválidos todos los procesos de elección pública celebrados por los rebeldes revolucionarios ocurrió contrariamente a lo establecido por los artículos 80, 81 y 82 de la Constitución legítima de 1857. Para el caso particular de la falta absoluta del presidente de la República Sebastián Lerdo de Tejada, y la inviolabilidad de la Constitución legítima de 1857, dicha Carta Fundamental cita lo siguiente: “Artículo 80.- Si la falta del presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 76, y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección”. Artículo 81.- El cargo de presidente de la Unión solo es renunciable por causa grave, calificada por el congreso, ante quien se presentará la renuncia”. Artículo 82.- Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere hecha y publicada para el 1 de diciembre, en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo, y el supremo poder ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la suprema corte de justicia”.

 

Al no haberse convocado a nuevas elecciones y nombrar interinamente como presidente de la República al presidente de la Suprema Corte, que en aquel entonces era Iglesias, quien por cierto no aceptó la designación que de él hizo, el General Díaz en el “Plan de Palo Blanco”, quedó bloqueada la prerrogativa no pudo ser ya co-extensiva de la opinión pública, debilitándose la fuerza necesaria que requiere todo mandato, es decir, se tomó el poder sin el consentimiento del pueblo, formándose un auto gobierno de la fuerza de las armas.

 

El uso de la fuerza de las armas no puede invocar razones de interés público, ni puede sustituir el vigor de la opinión pública que se manifiesta en los comicios electorales. La opinión pública es el alma de la democracia, en el uso de la violencia de las armas no está representada la convicción de la voluntad general, por el contrario, es una agravante que se opone a lo que debe ser esencialmente voluntario. Es el sometimiento a las minorías políticas.

 

Así, el gobierno federal y el de los Estados es el gobierno de una casta, y no de un pueblo; la opinión pública no ejerce influencia alguna sobre ella y mientras no se resuelva esto, los intereses de la nación estarán desprotegidos y el pueblo seguirá siendo víctimas de mayores atropellos.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Como lo dispone la constitución legítima de 1857, legalmente procede nombrar como presidente interino de la República mexicana, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su defecto, al Secretario de Relaciones Exteriores en funciones.

 

 

15.- ROTA LA REGLA DE ADICIONES Y REFORMAS LICITAS COMO LO MARCA EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857.

 

 

El artículo 127 de la Constitución de 1857 establece: “La presente constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.

 

Es claro que las adiciones y reformas hechas por los rebeldes no provenían de un Congreso de la Unión legalmente constituido, sino más bien de una reunión de amados en la ciudad de Querétaro, quienes no tenían derecho a deliberar según el artículo 9 constitucional, y por obvias razones resulta considerar ilegal cualquier aprobación o intento de aprobación de las legislaturas de los Estados, de tal suerte que el Congreso de la Unión jamás pudo hacer algún cómputo para declarar haber sido aprobadas cualquier presunta adición o reforma propuesta por dicha asamblea de insurrectos.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Llamar a decretar y decretar invalido cualquier intento de adición o reforma pretendida por los rebeldes revolucionarios reunidos en la ciudad de Querétaro, considerar dicha reunión como lo que fue realmente una simple obra de teatro, que no tiene repercusión cual ninguna en modificar válidamente los textos originales de la Constitución de 1857, por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 127 de dicha Constitución.

 

 

16.- ROTA LA REGLA DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857.

 

 

El artículo 126 de la Constitución de 1857 establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación del congreso; serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”.

 

Resulta evidente que las legislaturas y los Jueces de los Estados no se subordinaron a la Constitución de 1857, no se opusieron a las disposiciones de los rebeldes reunidos en Querétaro para aprobar una nueva constitución, la de 1917, es decir, omitieron hacer valer la supremacía de la Constitución de 1857 por encima de la carta bastarda de 1917.

 

LA REPARACIÓN CONSISTIRÁ EN: Llamar a decretar y decretar invalida cualquier aprobación de los congreso y legislaturas o de los jueces de todos los Estados de la República mexicana, todos aquellos que fueron tendiente a validar las pretendidas reformas propuestas por el rebelde revolucionario Don Venustiano Carranza dentro del pretendido congreso “constituyente” celebrado en la ciudad de Querétaro, y resolver establecer que éstas no son tales ni alteran el contenido substancial del texto original de la Constitución legítima y aún vigente de 1857 ni de los contenidos originales de las constituciones legítimas de los Estados, que los actos celebrados por los rebeldes armados en esa reunión prohibida por la ley constitucional suprema en el artículo 9, no engendran disposiciones validas, que por consecuencia se trata de una simple carta de intenciones que pugna contra las disposiciones del artículo 126 constitucional, y que los Estados no estaban en condición de subordinarse a las disposiciones de la constitución particular de los rebeldes revolucionarios.

 

 

 

CAPÍTULO XIV

 

SIETE PUNTOS RELEVANTES DE LA ACTUALIDAD SOCIAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA:

 

 

1.- Del falso principio de “soberanía nacional del pueblo”.

2.- Del falso principio de “igualdad” como origen del gobierno.

3.- De la naturaleza jurídica del “mandato político constitucional”.

4.- De la situación de “los electores”.

5.- De la situación de “los Gobernados”.

6.- De la situación de la “clase trabajadora”.

7.- De la situación vergonzosa de la “Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

 

 

1.- DEL FALSO PRINCIPIO DE “SOBERANÍA NACIONAL DEL PUEBLO”.

 

 

En teoría se entiende que un pueblo “soberano” está en posesión de una omnipotencia social: Todos los derechos son suyos; de lo contrario no sería omnipotente; y no siendo omnipotente no sería soberano. Por la misma razón todas las obligaciones están fuera de él; porque si el tuviera alguna obligación que cumplir, sería súbdito: soberano es el que manda, súbdito el que obedece; soberano es el que tiene derechos, súbdito el que tiene obligaciones. Así el principio de la soberanía popular, que es un principio ateo, es también un principio tiránico, por que dónde hay un súbdito y no tiene derechos, y un soberano que no tiene obligaciones, hay tiranía.

 

El ser humano en contacto con los demás hombres (relaciones generacionales históricas), tuvo la necesidad de la “igualdad”, y por consiguiente la de derechos recíprocos y limitados: entonces sintió otra necesidad de una regla que presidiera a su reciprocidad y a su limitación: esta regla es la “justicia”.

 

El principio de la soberanía popular no reconoce reciprocidad en los derechos ni limitación en las obligaciones. La idea de justo desaparece donde solo hay señores y esclavos: de aquí resulta que el principio de la soberanía siendo ateo y tiránico, es también un principio inmoral, por que destruye la justicia.

 

Es tan cierto que la justicia y la soberanía popular no pueden coexistir en el mundo, que, reconocida la existencia de la primera, queda aniquilada la segunda, porque si el pueblo solo puede hacer lo que la justicia le exija, el pueblo es súbdito y la justicia es soberana, ante esta verdad, la soberanía del pueblo es un absurdo.

 

Si la soberanía reside en la voluntad general, y la voluntad general es la colección de las voluntades particulares, todos los individuos deben tener una parte de poder soberano: si el poder soberano no se realiza sino por medio de las leyes, todos los individuos aún los menores de edad deben tener una parte activa en la confección de las leyes.

 

Los ignorantes por ejemplo, tienen los mismos derechos que los sabios, porque tienen una voluntad como ellos: las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, porque tienen una voluntad como ellos: los niños tienen los mismos derechos que los padres, porque tienen una voluntad como ellos: los proletarios tienen los mismos derechos que los poderosos, porque tiene una voluntad como ellos: en fin, los dementes deben reclamar una parte de su soberanía, porque al negarles el cielo la razón, no los despojo de la voluntad, y la voluntad les hace soberanos también.

 

Las constituciones políticas y las elecciones, no han de ser jamás la expresión de la razón ni de la expresión de la voluntad general: Por ejemplo: Todos los congresistas están en un foro: la voluntad se ha verificado ya: su resultado es, que por la mitad más uno ha aprobada una ley. Según la teoría de la soberanía popular, esa ley no obliga sino a los que la han votado: la voluntad es inenajenable, porque su enajenación sería un suicidio: una voluntad que se somete a otra voluntad se enajena (se vende), y enajenada se aniquila. ¿Qué es entonces la soberanía del pueblo?; según la constitución política actual, es un absurdo, un imposible.

 

Si la soberanía del pueblo es un error, todas las constituciones políticas del mundo son impotentes para cambiar esta circunstancia; pero si es una verdad, no se necesita de leyes constitucionales para sostenerse. Lo cierto es que, concluida la etapa de una elección, el candidato congresista electo se va con su voluntad y tiene la posibilidad de hacer con ella lo que le parece, en cambio el elector se queda con la suya propia sin saber que fue engañado. Nada más ridículo que reconocer en el pueblo un poder que ni es capaz de concebir, le es imposible discernir y mucho menos aplicar.

 

 

2.- DEL FALSO PRINCIPIO DE “IGUALDAD”.

 

 

La igualdad de derechos entre la sociedad civil no solo no ha existido jamás, sino que es siempre imposible bajo todas las relaciones posibles, es decir, imposible según su naturaleza; porque para esto sería necesario suponer hombres sin padre, sin cuerpo, sin facultades. Imposible según la razón; porque si el hombre es un ser eminentemente moral (parte de las reglas de la enseñanza de las costumbres como reglas que deben gobernar la actividad libre de los demás hombres), debió adquirir derechos sobre las personas en razón de su autoridad sobre las generaciones familiares, y de las cosas (bienes, propiedades) en virtud del trabajo.

 

Lo anterior nos convence de que los hombres no pudieron ser ni un solo instante iguales en derechos: Imposible según el mérito solo de cada uno, porque si en cada país el primer hombre tubo propiedades y autoridad sobre sus hijos, no fue por que tuviera un mérito superior, sino porque estuvo primero, y se hizo soberano de todos sus descendientes y propietario ante todos aquellos que se lo creyeron. Si los hombres son por naturaleza iguales en derechos, ¿por qué los reyes, sacerdotes, prisioneros, ricos y pobres?, ¿por qué todas estas desigualdades sociales?

 

En teoría se entiende que en el contrato constitucional celebrado con los políticos, las partes se hacen reciprocas concesiones en los artículos 1º, 2º apartado B-, 4º, 5º primer párrafo, 12, 13 y 31 fracción IV, mas sin embargo en la práctica, los mexicanos recibimos un trato no igualitario cuando los funcionarios del Estado aplican las leyes del orden público, pues éste, en el ejercicio de sus facultades nos ofrece un trato desigual para quienes acuden a la protección del derecho con la esperanza de ser tratado de la misma manera, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, pero no hay tal, pues dicha “seguridad” no existe en realidad, el pueblo sigue soportando perjuicios o beneficios desiguales e injustificados.

 

En base a lo anterior, se precisa entrar al examen de tales presupuestos y con respecto al “contrato de mandato político” ó “pacto social” entre gobernantes y gobernados, el origen de la existencia del Estado no se basa en el principio de “igualdad”, pues tenemos que, dicho principio presenta características esenciales discordantes como son las siguientes: a.- Extravagante por sí mismo; b.- Imposible en la legislación; c.- Impracticable en la constitución. d.- Terrible en sus efectos y falso en sus principios.

 

a).- Extravagante por sí mismo: El contrato entre gobernantes y gobernados plasmado en la constitución Queretana, la que fue impuesta por los intrusos es ridículo, pues los miembros de una sociedad civil no pueden ser al mismo tiempo súbditos y soberanos, dependientes e independientes; que obedezcan, y que nadie los mande; y por último que sirva y que no tenga señor.  Que cada individuo sea súbdito y soberano, toda nación gobernante y gobernada, todo el mundo de una parte y todo el mismo mundo de la otra, ¿son estas las mismas dos partes del contrato?, esto es una extravagancia (rareza), ¿cómo creer que una persona actúa como dos personas o que dos personas hacen una misma cosa?, esto es un absurdo.

 

El contrato-mandato (constitución política) se funda en esta falsa separación mágica. Se necesita pues de un soberano nacional que tenga derechos muy reales; y de la otra una nación que se obligue físicamente a obedecer. Pero si en la colección de hombres no hay uno igual a otro, ¿de dónde se sacaron los elementos humanos diferentes para integrar el gobierno?, ¿sería necesario eludir (eliminar) el derecho a la igualdad y fundar un código de separación de personas? ó sería simplemente de voluntades?, si así fuere, ese documento que los contenga deberá ser muy convincente y positivo, porque hasta hoy la autoridad de las dos partes del gobierno (gobernantes y gobernados) sigue siendo ilusoria.

 

b).- Imposible en la legislación.  Es imposible en la legislación porque sería necesario que los unos estuviesen de un lado y los otros del otro; haciendo los unos la ley y recibiéndola los otros; los unos siendo enteramente miembros del pueblo soberano, y los otros enteramente miembros del Estado, luego, porque aun tratándose de la uniformidad de las voluntades, es generalmente imposible, cuándo mucho podría dividirse en una mayoría y una minoría, pero, la decisión de la mayoría no ligaría (sujetaría) a las minorías, pues el pacto social, de donde mana el derecho (el contrato-constitución política) reconoce por base esencial la voluntad general, y, aun cuando fuese posible reunir a toda una nación en la suma aritmética debería contarse todos los seres humanos que tienen voluntad y por consiguiente a los niños, lo cierto es que en ningún Estado se ha juntado la nación entera, y puede decirse que en ninguno se juntará; y por si fuera poco los anteriores inconvenientes no desaparecen aún con la pretendida “representación” de voluntades en el Congreso en razón de que nombrando el pueblo a sus diputados, creerá ser el soberano pero se engaña porque, pasada la nominación queda esclavo.

 

¿Pero el pueblo da a los diputados el poder de manifestar sus voluntades?, las que deben conocerse para manifestarse, y ¿para conocerlas es preciso consultarlas?, ¿cómo consulta un diputado las voluntades de su pueblo antes de manifestarlas en el Congreso?, la voluntad de la sociedad civil no estará debidamente representada sin el concierto (reunión) de las voluntades del pueblo y sus diputados, lamentablemente hecha la nominación se va el diputado con su voluntad y yo me quedo con la mía.

 

Es pues imposible que los diputados se hagan representantes. Nada vale por que el silencio del pueblo se sobreentienda su consentimiento presunto. Cada uno del pueblo tiene sus razones para callar, estas razones no son señales de aprobación. Resulta entonces que jamás ha existido un gobierno en el que el pueblo completo haya votado una ley y no tiene el poder legislativo, autoridad sobre los disidentes, luego ninguna nación ha podido darse leyes absolutas, entonces, jamás diputado alguno puede recibir del pueblo el poder legislativo, sin embargo, lo desempeñan, pero si no lo tienen del pueblo, ¿de quién lo tienen pues?

 

Hablando de la legitimidad de los gobiernos mexicanos, los autores de libros de derecho no han podido sostener la validez de los gobiernos posteriores al del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. La razón es muy simple, después del golpe militar dado por un sirviente, el General Porfirio Díaz, se perdió el orden constitucional de la República, algunos de ellos se atreven a sostener que la presunta legitimidad de los intrusos posteriores como Madero, Huerta, Carranza y Calles, deviene del silencio del pueblo y de su adaptación a la aplicación del rigor de la imposición de su nuevo código particular de 1917; falsas afirmaciones como falsos pueden ser ellos mismos, consuelo de tarugos que no ayuda en nada, mentiras que más adelante vendremos esclareciendo.

 

c).- Inaplicable en la Constitución. Para la validez del “contrato-mandato-político” (constitución política) se necesita de toda la universalidad de los individuos, porque los que dejan de adherirse son disidentes, y los disidentes no pueden formar, bajo ninguna circunstancia esa asociación.

 

Si se presupone que antes del primer contrato-político-constitucional no había una autoridad ejecutora derivada, ni soberanía ordenadora originaria; la libertad primitiva de las partes era una libertad de absoluta independencia, es decir, antes los hombres no estaban subordinados los unos a los otros, pero si llegado el momento, se ha decidido a asociarse y a subordinarse, es por un acto libre y espontáneo de “voluntad” en virtud de su consentimiento y de su voto. Según esto, es claro que ninguno entra en asociación, sino por virtud del consentimiento y de su voto; y si ya forma parte de la asociación, si se halla comprometido en ella, si contribuye a la soberanía y si por su voto se hace todo, se entiende lógicamente que sin ellos (la voluntad y el voto) nada puede haber.

 

Si un individuo no quiere asociarse, nadie puede obligarlo a ello, ni sujetarlo bajo ningún pretexto por que nació libre, independiente. Mientras el no consienta en asociarse, es perfectamente independiente. Si no se asocia, nadie es su soberano, ni nadie tiene derechos sobre él. Es claro que para que los poderes y los derechos de los asociados se extiendan a todos ellos, se necesita que todos se asocien; y si hay uno solo que no de su consentimiento, la soberanía del Estado no se extenderá sobre ese que completa el todo, o lo que es lo mismo, no habrá la supuesta plena soberanía derivada (poder absoluto de los gobernantes) por que esta tiene una esencia nacional.  Para que haya contrato es preciso que todas las partes (individuos) contratantes estén de acuerdo; por eso es preciso que todos los miembros de una sociedad sean conformes.

 

Pero la dificultad de aquellos hombres acostumbrados a su independencia; habrá muchos que no quieran sujetarse o no estén de acuerdo; pero si hay división, ¿qué se hará para la votación?; Todos los que no quieran ¿deben dejar el país?, pero, ¿con que derecho podrá obligárseles?, al que no quiera ser sometido ni votar y ser votados en una elección, ¿qué hacer con ellos?, ¿emplear la fuerza, la violencia, la injusticia, la autoridad o la emigración forzada?; mejor, estando atentos al derecho natural de la libertad de las personas, debemos trabajar en legislar sobre el respeto al derecho a la disidencia.

 

d).- Tiene terribles efectos y falsos principios. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948, con obligatoriedad para todos los países que han suscrito, determinó en su artículo 7o. que: “todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin distinción, a igual protección de la ley”.

 

Resta decir en cuanto a su observancia que la Constitución bastarda de 1917 a la que los amotinados indebidamente llaman “constitución”, contiene esta proclama la igualdad material o económica o aún intelectual de los hombres, y así, sujetarlos (a todo un pueblo)  a una especie de nivelación general establecida por la fuerza, que es la negación misma de todos los demás derechos; tal documento, al haber sido el producto de la comisión de delitos del Código Penal, la hace una ley de delincuentes promulgada “en cuanto a su observancia” para someter a la condición de esclavitud a hombres enteramente libres.

 

Para que se comprenda la idea, diremos que la condiciones de todos los seres humanos en la sociedad no son las mismas, bastando para comprobar este hecho que no todos están dotados igualmente de inteligencia y voluntad, ni tampoco su desarrollo moral es el mismo; de esto resulta que, para obtener, en lo posible, la igualdad ante la ley, el derecho haya introducido distintas reglas, que sería largo enumerar, ya en lo relativo a la capacidad de las personas para obligarse, ya supliendo el discernimiento, la inexperiencia, la debilidad del sexo o la edad; con la intervención de terceras personas que de algún modo hagan el que se obtenga la igualdad ante la ley. Una supuesta ley como la pretendida “constitución de 1917″ que carece de los caracteres esenciales de legalidad, va en contra del principio de igualdad garantizado por el artículo 13 constitucional, y aún deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta todo lo que pertenece a su esencia.

 

Con relación a este tema, la jurisprudencia de la Suprema Corte concluye lo siguiente:

 

“a) La ley es privativa, si la materia de que se trata desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano; b) La ley es también privativa cuando menciona individualmente (nominalmente) a las personas a las que se va aplicar; c) La ley no es privativa cuando se aplica sin consideración de especie o de personas a todos los casos que previene; d) La ley no es privativa cuando comprende a un determinado número de individuos; y e) Las leyes relativas a cierta clase de personas como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificación establecida”.

 

 

3.- DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL “MANDATO POLÍTICO CONSTITUCIONAL”.

 

 

El “mandato” comúnmente contenido en un documento al que se le llama “Constitución”, es un contrato por el cual una persona se encarga sin interés, por pura gracia, o por una retribución, de los negocios de otro. Los latinos lo llamamos “mandatum”. El origen de este tipo de contrato proviene de dos factores que son la “debilidad” y de la “necesidad “de los seres humanos por la “igualdad” y la “justicia” que citamos anteriormente. La ausencia, la indisponibilidad y los muchos impedimentos de la sociedad civil son la causa de que no se pueda ocupar de nuestros negocios de carácter colectivo, y por consiguiente que tengamos que recurrir a los demás individuos.

 

Los que se encargan de los asuntos de otros, generalmente lo hacen por un principio de “honestidad” o de “amistad”, y por eso sus funciones son gratuitas, pues si existiese algún salario de por medio, sería más bien un “contrato de servicios”, una especie de arrendamiento de capacidades y aptitudes, habilidades de ciertas personas determinadas de los contenidos en el Código Civil relativos a la categoría de domésticos, por jornal, a precio alzado en el que el operador solo pone su esfuerzo personal y que se rigen por la Legislación Federal del trabajo, de conformidad con el apartado “B” del artículo 123 del contrato celebrado con los políticos llamado “Constitución”.

 

Examinadas las condiciones del contrato de mandato constitucional, generalmente suele confiarse los negocios jurídicos propios a los amigos, o a una persona de entera confianza, ellos están obligados por honor y por deber, a ajustarse fielmente a lo que se les ha encargado. La razón dicta que pongan en el asunto todo el cuidado de que sean capaces, esto es, que lo desempeñen como lo harían por sus propios asuntos que más estimen y conforme al objeto y naturaleza del contrato. Los antiguos romanos miraban como una cosa indigna de un hombre de bien el conducirse con negligencia o el sirviente sin permiso actuara por nombre propio o se negase a devolver la materia del mandato recibía por tal infamia la calificación delictiva de hurto.

 

El mandato dado a los políticos no necesariamente implica servicios relacionados con el ejercicio de una profesión, no es gratuito, al contrario, es oneroso, como de propio está establecido en el artículo 35 fracción IV de su Constitución, además, es obligatorio conforme al párrafo cuarto del artículo 5º del contrato de mandato constitucional; tiene una forma escrita configurada por una escritura pública articulada llamada “constitución política”, es especial por que se refiere a una parte de los aspectos políticos relacionados con parte de la vida social de un pueblo. La justificación de este tipo de contrato-mandato se debe a que se realizan actos lícitos por los que la ley no exige la intervención personal y directa del interesado (de la sociedad civil).

 

Si el mandato dado a los políticos no es de carácter general, luego, el pueblo tiene a su favor la prerrogativa de actuar directamente en todo el universo de cuestiones que, estando o no contenidas en el “contrato-mandato constitucional”, sea su deseo el intervenir en ellas de manera personal, es decir, no hay una limitante a la autonomía de su autoridad soberana, lo que le da completa libertad para instituir con justificada razón la configuración de una nueva forma de gobierno a través de sus legisladores o por medio del ejercicio independiente de un Poder Civil Constituyente.

 

 

4.- DE LA SITUACIÓN DE “LOS ELECTORES”.

 

 

Tan perfectos han sido los planes de los intrusos visibles que hoy el pueblo mexicano sigue sin la autoridad soberana que se predica el artículo 39 constitucional, arrodillado, acorralado, maniatado, dividido, controlado y a merced de los dueños de los partidos políticos, de los sindicatos, de las agrupaciones campesinas, abatido por los efectos de una terrible globalización, creyendo ingenuamente que tienen una gran autoridad soberana sobre lo que pasa en el país, ignorando que en verdad están perfectamente aislados y sin ninguna posibilidad de mantener algún tipo de unidad o de dominio sobre la situación que guardan las cosas que hacen los sirvientes a nivel nacional e internacional.

 

Se sostiene que tan grave situación obedece a dos estrategias que se conocen como: 1.- La Segmentación, y, 2.- La Polarización

 

Estas formas de control son implementadas por los intrusos que surgieron de los movimientos golpistas y revolucionarios, con ellas, primero afianzar la división y encono el (rencor) entre el mercado electoral (la mercancía electoral de los ciudadanos electores) provocando la desunión desde las instituciones del gobierno con la ayuda de las asociaciones políticas y las instituciones electorales.

 

A.- ¿Qué es la Segmentación?  La “segmentación” es el juego con los sentimientos del electorado, con ella se logra excitar el ánimo del ciudadano elector para que responda a los estímulos de la propaganda electoral de forma más positiva, se le pone a la percepción de sus sentidos un falso escenario, la simulación de un campo de batalla (que en realidad no existe) para que propicie sentimientos de lealtad (identificación) con un instituto político (partido) determinado, parta que ponga su trinchera, se ponga un color, se enamore de una causa, de un símbolo partidario, de una siglas, de los encantos de la “venta de esperanzas” de los sirvientes políticos mercaderes.

 

B.- ¿Qué es la Polarización?  La “polarización” es un modelo de comunicación de las ideas que incluye un proceso definido, objetivos y metas precisas, dinámicas que deben ser conocidas y promovidas. La polarización recoge los intereses vitales (necesidades afectivas) de una sociedad y la entrega de vuelta al elector, a partir de un plan estratégico de confrontación comunicacional. Lo primero que se debe controlar en el mercado electoral es evitar que un solo partido monopolice al electorado, es decir, se debe fomentar al “voto anti-partido” que es una alternativa eficaz de oposición, de abstención y de confusión.

 

El ritual por el hábito del “voto utilitario” (voto egoísta-interesado) continúa exaltando las ambiciones (defectos psicológicos) del electorado en buscar el máximo de beneficios en las promesas que hacen los candidatos, por cierto, los que se avizoran mediáticos mesiánicos y proféticos dan mejor resultado, las ideas se les venden e introducen a su mente por los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión. Se abren espacios para generar sentimientos encontrados respecto de la aceptación o rechazo a la personalidad de un candidato, se venden ideas históricas de su pasado, de su vida privada y se escudriña en detalle los aspectos de sus imperfecciones, (defectos) porque al fin de cuentas, el propósito es que el elector responda a la intención de convencerlo de dar en todas sus elecciones, todos su votos con un alto grado de sentido de lealtad inquebrantable, que siempre vea en su partido las mejores virtudes y en los demás, las peores desventajas. Se siembra y se cultiva en el electorado la imagen de una institución partidista salvadora, una especie de ego-partí-centrismo como el todo infalible en el universo, se les exaltan sus ambiciones (esperanzas), de lo que se trata es que la adhesión sea perpetua, así se garantiza la continuidad de los incautos en el juego comicial.

 

Ahora bien, ¿Cómo el pueblo puede deslindarse de esta situación?, ¿Qué acaso la Constitución misma no es un contrato de adhesión?, ¿Por qué un soberano ha de tener la responsabilidad de acudir a un proceso comicial?, eso negaría su suprema autoridad pues un soberano no puede tener responsabilidad legal, eso dañaría su jerarquía, por eso el pueblo mexicano está exento de someterse a la ley constitucional, y esto se puede probar muy fácilmente; por ejemplo: el artículo 31 de la Constitución legítima de 1857 dice: Artículo 31.- Es obligación de todo mexicano: I.- Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria.

 

Lo anterior significa el cuidado de algunos valores o bienes jurídicos que ya son suyos y forman parte de su patrimonio adquirido; y por lo que respecta a pagar los gastos que ocasiones los servicios y los sirvientes, es de justo derecho retribuir los servicios prestados, lo que en realidad no implica un sometimiento ni a la ley ni a las autoridades.

 

 

5.- DE LA SITUACIÓN DE “LOS GOBERNADOS”.

 

 

Un gobernado según P. J. Proudhon en su obra “Ideas Generales de la Revolución del Siglo XIX”, dice: “Ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, adoctrinado, sermoneado, censurado, es ser mandado por seres que no tienen ni título, ni ciencia, ni virtudes. Ser gobernado significa, en cada operación, en cada transacción, ser anotado, registrado, censado, tarifado, timbrado, tallado, cotizado, patentado, autorizado, apostillado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido. Es bajo pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, ser expuesto, monopolizado, depredado, mistificado, robado; luego a la menor resistencia, a la primera palabra de queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. He aquí tu gobierno, he aquí tu moralidad, he aquí tu justicia, he aquí tus libertades y el bienestar de que presumes”.

 

El ya citado Fernando Savater en su obra “Política para Amador” refiere el texto de B. Espinosa en la obra “Tratado de teología política” en el cual dice: “De los fundamentos que justifican la existencia del Estado se deduce evidentemente que su fin no es dominar a los hombres ni acallarlos por el miedo o sujetarlos al derecho intereses de otros, sino por el contrario liberarlos del miedo a cada uno para que, en tanto que sea posible, viva con seguridad, esto es, para que conserve el derecho natural que tiene a la existencia en libertad, sin dueño propio ni ajeno. Repito, que no es el fin del Estado convertir a los hombres de seres racionales en bestias o en autómatas, sino por el contrario que su espíritu y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones y hagan libre uso de la razón sin rivalizar por el odio, la cólera o el engaño, ni se hagan la guerra con el ánimo injusto. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad”.

 

El también ya citado Máx Weber, en su libro “Economía y Sociedad” dice: “Las sociedades humanas en cualquier lugar del mundo, tienen sus propias razones para mantener obediencia o para estar en desacuerdo con un régimen determinado. Supone un sentimiento colectivo que propugna por superar la crisis que se le presente, y, con el objeto de evitar que se forme en torno al Estado, una costra de inamovibles especialistas en mandar, bajo la cual todos los demás tengamos que ser resignados especialistas en obedecer, se puede relativizar (subordinar)el papel de los partidos, quitándoles privilegios e importancia”.

 

 

6.- DE LA SITUACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA.

 

 

Los sediciosos revolucionarios y sus cómplices que gobiernan hasta esta fecha idearon los artículos 25, 26, 27 y 123 cuyo contenido difiere substancialmente de sus textos originales contenidos en la constitución de 1857.

 

Así, bajo el rigor del bastardo código particular llamado “constitución de 1917” impuesto por las rebeliones armadas, particularmente lo que se refiere a los actuales artículos 25, 26, 27 y 123 se consagró el “Sistema Capitalista Publico Monopolista del Estado mexicano”, pues de esta forma, y bajo esas normas mañosas, los rebeldes amotinados hicieron dueño al Estado, de todo el patrimonio nacional para sus particulares perversos intereses, y los de sus subordinados  también capitalistas traidores, asegurando en el Código Penal sanciones a todo aquello que de alguna forma pusiera en riesgo su patrimonio privado aquel que debiese ser nacional; de esta manera se completa la primera parte del “Sistema de Defensa Legal de los bienes de la Sociedad Política Capitalista Estatal de los Impostores”.

 

En una segunda fase, por su Ley reglamentaria, la de su artículo 123 la Ley Federal del Trabajo en la que consagran las relaciones de producción capitalista se dispuso un claro “Sistema de Explotación Asalariada” , define los privilegios que los intrusos se auto-confieren como propietarios de los bienes del Estado, controlando en forma corporativa e institucional los derechos de asociación y de huelga de los trabajadores, convirtiéndolo en un complicado procedimiento en el que al final, solo será competencia y decisión absoluta de ellos y de los “representantes” de los trabajadores.

 

El fenómeno del “Control Corporativo del Estado sobre los Trabajadores”  se da usando de los representantes de las agrupaciones obreras se puede comprobar fácilmente, pues el régimen legal de los Sindicatos Mexicanos está sometido al control gubernamental, prueba de ello son los artículos 365 y 366 que citan: “Para que se considere legalmente constituido un sindicato deberá registrarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje….., el artículo 374 define que “solo tienen personalidad jurídica y capacidad legal aquellos sindicatos legalmente registrados”; el artículo 377 obliga a los sindicatos a proporcionar informes de los cambios de dirigentes y modificación de estatutos; el 384 obliga a las federaciones y confederaciones de sindicatos a poner en manos de la Secretaría del Trabajo su registro y legalización.

 

De esta manera los sindicatos quedan sometidos en forma absoluta a los intrusos que se hicieron dueños del capital público, pero, también se tenían que hacer dueños de la voluntad de los representantes de esos sindicatos, para eso se inventó una figura organizativa del “Sindicato Invertido” es decir, su formación no dependería de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo y esto también se puede comprobar fácilmente, pues desde 1931 se desarrolló un tipo especial de sindicalismo, y se estableció un régimen de control corporativo de la siguiente forma:

 

I.- Los impostores capitalistas del monopolio de los bienes del Estado, regalaron paquetes de registro a sus “lideres” simples comparsas, traidores, serviles y dóciles que fueron centrales como la CTM, CROC, CROM, y otras.

 

II.- Con sus “registros” seguros, los “lideres” a espaldas de los trabajadores, en complicidad con los intrusos, se pusieron al servicio de las empresas privadas también capitalistas, como garantía de sumisión y como únicos autorizados para suscribir contratos colectivos.

 

Así es como se formaron los actuales “Sindicatos Carcelarios”, de esta manera es como los trabajadores quedaron fuera de todo trato con la empresa y sin vida sindical. Cualquier actitud de protesta de los trabajadores es motivo de aplicación de la temida “Cláusula de Exclusión” por parte del sindicato, de despido por parte de la empresa, de represión por parte de las instituciones del Estado de los amotinados, y en ocasiones hasta de asesinatos o encarcelamientos políticos.

 

Pero no todo acaba aquí, esa sumisión de los representantes sindicales al capitalismo de Estado y al privado, tenía que asegurar su supervivencia económica por la vía de la cotización obligatoria de los trabajadores a los fondos sindicales, no podía suceder como en otros países, donde los trabajadores reciben su salario íntegro y luego, ellos mismos, en forma voluntaria y consiente, separan la cantidad que corresponde a su cuota sindical, y en un acto de libre expresión de la voluntad la entrega; y cuando un trabajador no está conforme, simplemente está en libertad de cambiarse de sindicato dejar de pagar la cuota.  Esto no sucede en México, porque los sediciosos idearon un “Sistema Obligatorio de Cotización Sindical” esto en contra de la voluntad de los trabajadores y de la prohibición del descuento al salario contenida en la fracción VI del Artículo 110 de su espuria Ley Federal del Trabajo. De esta forma, los trabajadores mexicanos nunca reciben su salario íntegro, sino que el patrón capitalista intruso que dirige el Estado confabulado con el patrón capitalista privado y los serviles “representantes” de los sindicatos, se encuentran autorizados para descontar tales cuotas que los mismos “lideres oficiales” fijan y de esta forma éstos farsantes encuentran más agradable asumir una posición cada vez más servil al patrón que les entrega físicamente el dinero de las cuotas y se olvida del interés por actuar en beneficio de los trabajadores, que en ningún caso pueden negarse a que se les haga el descuento, en esta forma la economía sindical viene a convertirse en una fuente de enriquecimiento.

 

La “cláusula de exclusión” contenida en el artículo 395 de su Ley Federal del Trabajo, como medio de represión a favor de los “lideres” oficialistas y de las empresas públicas del Estado y Privadas de los capitalistas es sumamente grave que implica otra forma de opresión en contra de los trabajadores.

 

 

7.- DE LA SITUACIÓN DE LA “SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”.

 

 

Veamos el contenido similar del artículo 39 de la Constitución de 1857, y de la pretendida constitución particular de Querétaro. Cito: “Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

 

Como se puede apreciar, existe el texto inequívoco que sin distinción cita: “Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para beneficio de este”. Gramaticalmente la palabra “beneficio” debe entenderse como sinónimo de: Servicio, favor, ganancia, provecho, o utilidad sin embargo todo se invierte en beneficio de los gobernantes.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la función más amplia que pueda confiarse en el orden interno de una República: la de mantener el equilibrio de las fuerzas activas del gobierno; a ella está encomendada la labor de restablecer ese equilibrio cada vez que se rompe, sirviéndose para ello de su autoridad única de intérprete de la Constitución. Esta es una función pública que repara el mal y restablece el bien contenido en el derecho positivo. Existe un principio legal que dispone que los jueces y magistrados letrados conocedores del derecho, no pueden ser políticos o hacer política, solo tienen facultades jurisdiccionales para hacer valer el derecho positivo ante cualquier arbitrariedad, pero la realidad es que se ha comprobado que ante la problemática que hemos venido planteando sistemáticamente le han dado la espalda al pueblo.

 

El Sistema de Justicia se hermanó al exclusivo rigor de los rebeldes usurpadores, y fue evidente que aquellos jueces y magistrados que impusieron un sistema que desde su inicio lo hicieron entrar en una fase involutiva, en decadencia y fuera de época; su incapacidad para substanciar litigios específicos que hoy son decididos por otras autoridades no jurisdiccionales. Los jueces tradicionales se encuentran sumidos en las sombras de leyes, códigos y medios de impartición caducos, bajo un ritmo burocrático lento, papeleo excesivo, rituales exagerados y complejos, corrupción y desconfianza de las partes en esas instituciones. La formación conservadora y ritualista los ha orientado más a una actuación mecánica de formulismos encaminados a interpretar la ley y a los legisladores que a los litigantes y al litigio en su fondo real. Los jueces no entienden que ellos no resuelven por sí mismo ni en nombre de las partes un litigio sino en nombre del Estado. La inflexibilidad formalista de los jueces no les permite ver ni considerar la realidad social y económica ni los elementos éticos valorativos. Los jueces por analogía (semejanza a otros casos) resuelven con base en normas expedidas con muchas hipótesis y precedentes que nacieron antes que surgiera el litigio y basados en autores hipotéticos que seguramente nunca consideraron el tipo de conflicto que se presentaría para solucionarse. ¿Qué clase de justicia puede ser ésta?

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación significa entre los mexicanos un doloroso sarcasmo (ironía), una amarga irrisión que no debemos, que no podemos a conciencia llamarla así, puesto que a través de nuestra historia judicial solo ha sido una Corte de abyección y servilismo. Esta es la verdad, de sublime, de soberana, de suprema, de justa, de noble o de algo similar, no tiene nada, en realidad tal poder no ha existido en México, solo hemos tenido un conjunto de individuos carentes de principios y decoro, nombrados por los intrusos en turno que no han hecho sino aquello que se les ordena, y es esta la llaga (la herida) moral, pública y social que debemos curar pues a ello estamos comprometidos como hijos de esta Patria.

 

La corrupción desenfrenada y escandalosa a la que ha llegado la justicia, es el dolor más efectivo para la conciencia, es lo que causa la mayor alerta entre los espíritus, y, a consecuencia de este tan intenso malestar, surge la insaciable sed de justicia del pueblo, lo que fue y será el fundamento más serio que ha de sustentar la legítima intervención directa de la gente. Toda esa podredumbre de los tribunales se debe en buena medida al pecado original e imperdonable de ser aliados de los intrusos y fieles devotos de su exclusiva y perversa carta constitucional de 1917. En México para ganar un pleito en un tribunal se necesita influencias, dinero o recomendaciones, si un litigante posee estas tres cosas no perderá jamás un pleito, por más injusto y absurdo que sea lo que pretenda. ¿Es que los jueces mexicanos son más bribones que los de otros países? No; lo que pasa es que la judicatura no es una carrera profesional. Los que ocupan estos puestos corren la suerte de más tarde ser echados a la calle y substituidos por otros. Esto es un mal de mayores consecuencias, debe hacerse una carrera de la judicatura, separarla de la política para con ello tener la seguridad de que habrá justicia tan pura y tan respetable como sea posible.

 

El artículo 128 de la Constitución de 1857 no distingue: tan gobiernos usurpadores son el de Díaz, el de Madero, el de Huerta, el de Carranza, el de Calles, hasta los más recientes; porque usurpadores de las instituciones y del sentido de la ley, lo es todo gobierno o institución pública que se establezca contra los principios que sanciona el código fundamental de la República y cuya responsabilidad se hace efectiva en los artículos 39, 40, 41, 103 y 109 de la Constitución legítima de 1857.

 

Se actualizan las palabras del presidente de la Corte Don José María Iglesias que en el libro de actas del pleno el 27 de octubre de 1876, que les dirige como una sentencia, a todos los demás magistrados de la Corte en donde les reclama lo siguiente:

 

“Señores magistrados, antes de la complicidad en el crimen, es más digno aceptar la destitución o la renuncia en el ejercicio de las funciones públicas.  Ustedes han faltado al deber de salvar y hacer salva en todo caso la Constitución, cuyo cumplimiento y observancia les están encomendados.  La ley misma tiene que sujetarse al examen de ustedes; ustedes juzgan la ley según el artículo 126 constitucional, luego, ¿serán ustedes parte de un poder vasallo, un poder inerme y miserable que tenga que sufrir y aceptar un trastorno público, provocado a instancia de otros? Aún el más común de los mexicanos, tiene derecho para ocurrir a ustedes contra la arbitrariedad y el despotismo, ¿no tendrá ese derecho el pueblo colectivo, el pueblo todo, cuando sus intereses sean hollados por la usurpación de otros poderes de la República? ¿Lo que es lícito a la vista de los intrusos, no será lícito al pueblo? ¿Hay amparo hasta para los criminales y no lo habrá para el pueblo soberano cuándo se le atropella y se le ultraja? La perturbación al orden público es un crimen al artículo 128 constitucional, si uno de los poderes públicos lo comete, los demás no deben ser sus cómplices y tienen el deber de rechazar el crimen.  Los poderes constitucionales tienen que conservarse incólumes, no armonizar con el gobierno intruso, ni concentrarse en éste. No hay término medio entre la complicidad y la inocencia, entre la abstinencia y la participación en el crimen. La Suprema Corte podrá vacilar y manchar su honor con la infidencia y el perjurio, burlarán las esperanzas de un pueblo, que estableció el Poder Judicial para que fuera el arca santa de la ley y la justicia; los magistrados ahora tendrán tres jueces terribles; un Dios, que es el supremo juez de la conciencia; el pueblo, que os maldecirá hasta el borde de vuestra tumba y el tribunal de la ley que se establezca cuándo se reivindique la observancia de la constitución.  Los decanos de la ciencia y maestros de la ley de la Corte, cooperaron a la consumación del delito, han cooperado con solo callar y aceptar los hechos, con solo funcionar en consorcio con los usurpadores.  Sabéis bien que hay delito de comisión continua, como el plagio mientras dura la víctima en poder de los bandidos. La Suprema Corte ha sido un receptor que ha venido aceptando las consecuencias, el rompimiento de los títulos legales de esta Nación, ha participado en una oligarquía liberticida y no en una República Constitucional”.

 

Con relación a la Procuraduría General de la República el mismo presidente de la Corte José María Iglesias agrega lo siguiente:

 

¿Qué función más noble la de Procurador General de la Nación que el patrocinio del pueblo, ¿cuándo es víctima del despotismo? ¿Quién será el Juez que conozca de la queja de un pueblo? y ¿Quién la parte legítima que debe pedir por el pueblo?  El Juez no puede ser otro que la Suprema Corte, y el representante del pueblo no puede ser otro que el Procurador General de la Nación cuya misión es sostenerlos fueros de la sociedad y de la República.  El reo en las circunstancias actuales son los poderes Legislativo y Ejecutivo; poderes que no son enjuiciables de hecho, pero si moralmente responsables ante la justicia del pueblo.  ¿No se dice a cada funcionario que, si no guarda la Carta Fundamental, la Nación le demandará su perfidia? Pues esa demanda debe ser efectiva, debe tener una fórmula; y la fórmula no puede ser otra que el pedimento del Procurador General de la República y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  La acusación del fiscal debe recaer contra el gobierno de hecho y decirles: A los ministros: En el seno del territorio mexicano se han proclamado diversos gobiernos contrarios a los principios que sanciona la Constitución. Allí se ataca la libertad y la soberanía del pueblo. Vos, Corte Suprema de Justicia, reprobad y reparar ese atentado, vos pueblo, salvad vuestra ley, y con ella vuestra honra y vuestra vida.”

 

Las dictaduras y las revoluciones han ignorado el camino fácil y seguro de la ley…. Fuera del camino de la ley no busquemos en engrandecimiento de nuestra patria ni la democracia.  La ley no existe, no puede vivir en medio del despotismo ni la anarquía, conservémosla, salvémosla de sus encarnizados enemigos. 

 

La ilegitimidad de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación deviene de su pugna contra la Constitución de 1857 que previene en su artículo 92 lo siguiente:

 

“Artículo 92.- Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral”.

 

Como es sabido, hoy los miembros de la Corte no son electos por seis años, ni su elección se hace con base en la Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, y si estas disposiciones no se respetan, su ilegalidad de origen queda demostrada plenamente. La inamovilidad de los magistrados no ha logrado destruir la “ambición”, el espíritu de intriga, el deseo de aumentarse el sueldo y hacer dispendio de recursos. La justicia sostiene Comte, se administra según el modo cómo se hayan hecho los nombramientos.

 

Por su parte Stuart Smill dice que: “…nadie podría negar que la inamovilidad de los magistrados fuese un mal. Tal situación implica imponer a los pueblos la obligación de soportar a individuos gastados, ignorantes o morosos, solo porque su conducta es buena y su hogar respetable”.  Conste que en todo lo dicho aquí no se les está calificando por lo malo que se hace, sino por lo bueno que han dejado de hacer.

 

 

CAPÍTULO XV

 

CONCLUCIONES

 

1.- Las desgracias y los desórdenes de la vida política del país son de interés público: (Nos incumben a todos).

 

2.- La constitución previene las formas legales que existen para cambiar la forma de un régimen de gobierno.

 

3.- Si es que el pueblo mexicano distribuyó temporalmente todos los poderes, ¿podrá este mismo pueblo recuperar todo lo que dio?, y como es el caso que los “representantes del pueblo” se hicieron dueños de todo, aún del pueblo mismo; además cuentan estratégicamente con el apoyo de las fuerzas armadas, de los jueces y magistrados, de la hacienda pública, y de los recursos naturales, del patrimonio nacional, lo que les asegura el desarrollo de una brutal influencia sobre el conjunto de la sociedad civil.

 

4.- El todo poderoso y soberano nacional llamado “pueblo mexicano”, fue despojado de sus derechos, sus antiguos tronos derribados, hechas pedazos todas sus antiguas constituciones, destruidas todas las grandes riquezas nacionales y arruinados todos sus “poderes”, en fin, inutilizado.  De este modo, en nombre del pueblo soberano, los “sirvientes intrusos” (los gobernantes surgidos de los golpes de estado y de las revoluciones) se hicieron absolutamente señores de todo, aún de los pueblos mismos.

 

5.- No se le puede pedir a ningún tribunal nacional o internacional que cambie la forma de nuestro gobierno; que declare que no debe regir la Constitución bastarda de 1917, que resuelva que dejen de desempeñarse como tal los funcionarios impostores; eso es pedir un imposible porque no está previsto en la esfera de la ley, ésta no lo tiene facultado o conferido a ninguno de los poderes del Estado, eso corresponde a la exclusiva competencia de la sociedad civil, (del pueblo), en virtud de su inalienable prerrogativa contenida en el artículo 39 constitucional; pretender que las instituciones de los impostores rectifiquen los hechos delictivos consumados, es pedir un imposible, la sola petición negaría la independencia y la autoridad suprema del pueblo mexicano; tampoco se pretende hacer justicia por propia mano, se trata de ejercer el legítimo derecho a la libertad, a la soberanía y al orden constitucional de la República.

 

6.- Muchos años bajo esclavitud de países extranjeros, otros más de esclavitud militar de una dictadura, seguidos de más esclavitud ejercita por los rebeldes de 1910 que se hicieron llamar “revolucionarios”, y los más recientes ejercidos por los farsantes cómplices y dueños de los partidos; no obstante, pese a todas estas adversidades, nuestro pueblo ha sobrevivido, sigue aquí, los políticos han sido transitorios, muchos de ellos ya no están porque ya no tienen cargo ni salario del gobierno, vulgares interesados en el dinero, viles negociantes y traficantes, jugadores del tablero de ajedrez y no piezas del mismo, en cambio, el pueblo sigue aquí porque tiene admirables cualidades, suficiente resistencia y adaptabilidad al difícil medio que se le presenta.

 

7.- Las fuerzas de este pueblo son tan formidables, poderosas e indestructibles, pero hay algo que es “la fuerza del pasado” que se resiste a morir porque en él se cometieron grandes atrocidades, el pasado lucha en forma lenta y penosa por reivindicarse, por servir de apoyo en el presente, es una fuerza que contamina los sentimientos de cualquier investigador.  Cabe mencionar que Jorge Washington alguna vez dijo: “El gobierno fundado en la fuerza y el miedo es como el fuego, a la vez servidor, peligroso y tirano terrible. No dejéis nunca ni por un momento el gobierno en manos irresponsables”. Todo régimen impostor es una regresión y todos aquellos que cooperan con los rebeldes que usurpan el gobierno, no tienen más que el camino de exponerse a las justas consecuencias de su traición.

 

8.- A la comunidad internacional le podemos decir que nuestra situación afecta a muchas regiones del mundo, estamos deseosos de remediar las cosas, es preciso que el mundo nos tenga paciencia y espere un poco más de tiempo; que nos permita echar las bases de un sólido gobierno, tenemos elementos, y hay, sobre todo, una poderosa “corriente de organización política”; les digo que las señales más saludable por ahora son la poca o ninguna fe en los políticos, así como la ausencia de libertad, justicia, bienestar social y los recurrentes desordenes políticos y administrativos que se están sucediendo, lo cual quiere decir que la sociedad en general ya piensa valerse por sí misma; pronto en lugar de revolucionarios y políticos daremos al mundo capitanes de la industria, sabios, artistas y embajadores de la paz: porque el material humano de los mexicanos es espléndido, pero aún no está labrado.

 

9.- Es de interés público liberar al estado de las asociaciones políticas llamadas “partidos políticos”, debiendo cesar de manera definitiva cualquier mandato popular posterior, por la vía del sistema de representantes de elección de partidos.

 

10.- Es de interés público restituirle crédito a la función pública, lograr una claridad expositiva de proyecto de gobierno, eludiendo la pluralidad artificial de muchos partidos; y la mercadotecnia del abuso de la palabra en los medios como factor que nos embobe.

 

11.- Es contra el interés público que los partidos no cumplan las funciones que para conquistar el poder justifican su existencia; conspiran para conservar el poder, padecen fenómenos sociológicos insuperables que, en lugar de ayudar, suplantan y descuartizan al estado; y, además, no pasan la prueba del sufragio mayoritario en las urnas.

 

12.- Es contra el interés público que la crisis de ineptitud congénita de la gran mayoría de los representantes populares provenientes electos por la vía de los partidos, ponga en peligro la seguridad de las tareas del Estado.

 

13.- Es contra el interés público que los derechos e intereses de los dirigentes, dueños y propietarios de las asociaciones políticas llamadas “partidos” (los políticos), se opongan radicalmente a los derechos, fines e intereses del pueblo y de las instituciones del Estado.

 

14.- Es contra el interés público prevenir que la alternancia en el poder de varios partidos, no resuelve los grandes problemas nacionales, por el contrario, por su posición de interés y adversidad, los complican.

 

15.- La existencia de partidos políticos no es útil ni necesaria, solo son intérpretes (traductores) de pensamientos políticos; intermediarios (negociantes, mediadores, traficantes) en la transición democrática, agencias de empleos para una reducida parte de su membresía de socios, y que como personas jurídicas colectivas no tienen a su cargo el cumplimiento de facultades propias de las tareas de gobierno, eso compete a los candidatos electos como personas jurídicas individuales también llamadas personas físicas o seres humanos.

 

16.- Es contra el orden público, contra la moral y el derecho natural (de la naturaleza del ser humano), buscar la democracia a través de la división, el encono, la segmentación y el enfrentamiento de clases sociales afines, de la discriminación entre los asociados a diversos grupos que al final pertenecen a una misma categoría, “la popular”, cuando establecido está por la constitución que, la forma de gobierno que debe aplicar cualquier representante electo debe ser a favor de las clases populares.

 

17.- Es contra el derecho natural, la moral y el orden público, que, para fortalecer la imagen de las asociaciones políticas, se utilicen recursos públicos haciendo aparecer como de útil su existencia, cuando, se descubre que, sus filosofías, doctrinas y postulados son meras interpretaciones o copias de los pensamientos que ya fueron logrados antes.

 

18.- Es contra el interés del estado, el derecho y el orden público que las personas jurídicas colectivas llamadas “asociaciones políticas o partidos”, restrinjan las capacidades de ejercicio de las personas jurídica colectiva llamada “Estado federal mexicano, entidades federativas y municipios”.

 

19.- Es contra el interés público que las representaciones populares patrocinadas por los partidos, comprometan la estabilidad del bien común, hagan dispendios de fondos públicos, mantengan un autoritarismo de la maquinaria oficial, se den oportunidades para la corrupción, propicien la desviación del poder, auspicien el tráfico de influencias los fraudes y abusos de la confianza que fue depositada en su carácter de sirvientes.

 

20.- Es de interés público recibir una actuación de representantes bajo la armonía de la ley, con calidad, calidez, sensatez, orden, sobriedad y buen comportamiento, para lograrlo, la sociedad está facultada por el derecho positivo para usar, gozar y disfrutar de prerrogativas políticas, bienes jurídicos protegidos por las leyes del país como exclusivos de su patrimonio, de los cuales puede hacer uso a fin de propiciar una mejor evolución de los procesos naturales del hombre en sociedad, de manera anticipada para prevenirles riesgos a las futuras generaciones.

 

21.- Es un fraude a la ley que el voto sea impersonal, es decir, el elector no vota por un ciudadano (una persona), vota por el símbolo o emblema representativo de una asociación política a la que él pertenece, lo cual es indebido pues, en el proceso de selección se significa como la elección de una persona física, de un semejante, de un individuo.

 

22.- El pueblo está facultado para intervenir en defensa de la nación y del estado; la jerarquía superior de su investidura le permite buscar, erradicar el comportamiento malsano de las fuerzas negativas provenientes de los partidos políticos.

 

23.- Es un deber humano, espiritual y legal, participar en la vida política de la comunidad haciendo lo necesario para corregir las imperfecciones del sistema político mexicano, buscar que la sociedad en que vivimos, sea lo más justa y social posible, en donde estemos orgullosos de una raza humana de servidores públicos más equilibrados y seguros de sus responsabilidades, de aquellos que nos aparten de la angustia de la incertidumbre de las fantasías y de las promesas artificiales de desarrollo, para que, bajo criterios racionales, no se pierdan de vista los verdaderos objetivos para los que existe la figura jurídica del Estado.

 

24.- Es de interés público quitar importancia al papel de los partidos, quitándoles el privilegio de ser los únicos en la concreción del principio democrático, y se pueden impulsar el cambio de sistema político de gobierno hacia otro más altamente democrático como es el de la demarquía.

 

25.- La sociedad civil (nación) puede liberar al Estado de las fuerzas negativas de los partidos, y en su lugar impulsar que la sociedad civil tome el poder, ello representa un deber cívico humanamente moral, espiritual y legal por el que se busca rehabilitarlo en el cumplimiento de sus fines, brindándole sanidad al ejercicio del poder, evitándole la infinidad de abusos, desordenes, desvíos, ultrajes, ataques a las instituciones, a la forma de gobierno y al estado de derecho.

 

26.- Esta es una iniciativa licita, susceptible de realizarse, es un ideario de carácter plural, el que no es antisocial, aquel que representa la forma de comprender y colaborar con la sociedad en la solución de sus problemas.

 

27.- Es un error pensar que los que gobiernan son corruptos pero que uno jamás lo sería, que los demás no saben pero que uno si sabría gobernar; es una buena intención querer gobernar para hacer el bien, pero lograr gobernar es lo que saca lo peor de nosotros. La calidad para la política jamás ha estado en los representantes de los partidos quienes al presentarse en busca del poder traen implícito el consiguiente sesgo de maldad. Si asumimos que el poder cambia negativamente a las personas entonces tenemos que hacer algo para remediarlo.

 

28.- Habrá quien diga que para gobernar hacen falta ciertas capacidades técnicas sin embargo el derecho constitucional a poder ocupar un cargo público establece en leyes secundarias como una limitante contar con un nivel de escolaridad, lo cual puede ser suprimido en aras de no caer en el terreno de la discriminación política, pues la supuesta necesidad de una capacidad para gobernar es tan solo una trampa discriminatoria.

 

ATENTAMENTE

 

LIC. JOSÉ ALFREDO LOREDO ZÁRATE

San Luis Potosí. S.L.P.

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